El Tribunal de Casación de Francia, la más alta instancia judicial del país, ha anulado este viernes la orden de arresto emitida en 2023 contra el expresidente sirio Bashar al Assad por su supuesta complicidad con crímenes de guerra y contra la humanidad por los ataques con armas químicas ejecutados en agosto de 2013 contra Ghuta Oriental, al dictaminar que ninguna excepción puede levantar la inmunidad personal de un jefe de Estado en funciones.
Como la orden de arresto se emitió en noviembre de 2023, cuando Al Assad "aún era jefe de Estado en ejercicio", la medida es "ilegal", según ha explicado el presidente del tribunal, Christophe Soulard, durante una audiencia pública. Para ello, se ha apoyado en que el derecho internacional consuetudinario no reconoce ninguna excepción ni limitación a la inmunidad de un jefe de Estado en ejercicio cuando sea sospechoso de crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De esta forma, ha rechazado los argumentos de la Fiscalía, que dejaba de lado la inmunidad personal alegando que desde 2012 París no consideraba a Al Assad como el "legítimo jefe de Estado en ejercicio" a la luz de los "crímenes masivos cometidos por las autoridades sirias".
"La orden de arresto del 13 de noviembre de 2023 debe ser anulada", reza el fallo, que reconoce que esta anulación no afecta a la validez de una orden de arresto emitida tras la pérdida de la condición de jefe de Estado en ejercicio, puesto que fue derrocado en diciembre de 2024 y en enero de 2025 la Justicia francesa emitió una nueva orden por "crímenes" cometidos durante su mandato.
Con todo, ha subrayado que "inmunidad no es lo mismo que impunidad", puesto que "no exonera de responsabilidad penal a quien se beneficia de ella", y, por otro lado, ha indicado que "la inmunidad personal es temporal, ya que se limita al periodo del mandato, si bien "tras cesar en el cargo es probable que un jefe de Estado se beneficie de inmunidad funcional".
Los ataques por los que pidió su detención tuvieron lugar en agosto de 2013 y provocaron cientos de muertos, si bien no existe un balance claro de víctimas. Los expertos sí confirmaron el uso de gas sarín, prohibido por el Derecho Internacional, y aunque el régimen de Al Assad nunca ha reconocido la autoría, sí lo entendieron así potencias como Estados Unidos o la Unión Europea. El Gobierno sirio por su parte apuntó a los rebeldes como responsables del incidente.
Tanto en Ghuta Oriental como en otros lugares donde también se registraron crímenes similares, entre ellos Duma y Adra, el patrón era similar, ya que se trataba de zonas controladas por fuerzas opositoras al régimen de Al Assad.
Las fuerzas rebeldes, encabezadas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y sus facciones aliadas, tomaron a principios de diciembre de 2024 Damasco tras una ofensiva relámpago que provocó la caída Al Assad, que huyó junto a su familia a Rusia.
