El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado que el Gobierno vasco puso "en riesgo" a los seis agentes "enviados sin medios ni refuerzos a un conflicto previsible", en referencia a la protesta del pasado día 13 en Bilbao en favor de Palestina en la que los manifestantes cortaron el paso del tranvía y la vía pública en la plaza Circular, y ha lamentado "la irresponsabilidad política y operativa" con la que se gestionó la intervención.

Según el SiPE, "una vez más, las decisiones tomadas desde los despachos políticos" pusieron en "grave riesgo" la integridad física de los agentes "que tuvieron que intervenir en un escenario tenso y hostil sin los medios necesarios para garantizar una actuación segura".

Tras afirmar que bloquear el tranvía "no es una protesta pacífica, sino una acción que obliga a la intervención policial para restablecer el orden y garantizar los derechos del conjunto de la ciudadanía", ha defendido que la Ertzaintza actuó "conforme a la legalidad" pese a estar en una situación "de clara desprotección operativa".

Campañas de despretigio contra la Ertzaintza

El sindicato ha señalado al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, como "responsable último" de una situación que se traduce, en su opinión, de "reiterada pérdida del principio de autoridad que se viene produciendo en Euskadi", con una "política de permisividad".

Según ha apuntado, el consejero "ha permitido que determinados comportamientos de desobediencia y confrontación con la policía se normalicen, sin establecer límites claros ni ofrecer un respaldo institucional firme a los agentes", lo que "se traduce en mensajes ambiguos, en silencio cómplice ante campañas de desprestigio contra la Ertzaintza y en una preocupante ausencia de autoridad frente a la propia cúpula policial". Así, han lamentado, dicha cúpula policial "continúa tomando decisiones operativas de espaldas a los derechos laborales y a la seguridad de los trabajadores y trabajadoras".   

"Búscate la vida"

Desde el SiPE han señalado que la Administración exige al cuerpo "obligaciones, profesionalidad y sacrificio", pero sin proporcionar "medios ni el respaldo necesarios", lo que deja a los agentes "expuestos a agresiones y señalamiento público posterior".

"Este modelo de 'búscate la vida' no solo es injusto, sino profundamente peligroso. La seguridad ciudadana no puede sostenerse sobre la improvisación ni sobre el sacrificio permanente de los mismos", han criticado. En ese sentido, ha exigido un "respaldo político claro e inequívoco, planificación operativa realista, con dotación de medios humanos y materiales adecuados, que se ponga fin a la permisividad", y que se actúe "pensando en la seguridad y derechos de los agentes, y no en intereses políticos o de imagen".