La desaparición del recinto nuclear de Santa María de Garoña, central ubicada en el burgalés Valle de Tobalina y que linda geográficamente con los municipios alaveses de Valdegovía y Lantarón, es un proceso que se prolongará durante 10 años como mínimo y que requerirá de una inversión de 475 millones de euros.
Hasta la fecha, la central analiza las toneladas de materiales que tiene que gestionar. De ellos, el 87,92% se corresponden con elementos radioactivos que requieren de una gestión especializada.
Según la información facilitada por Enresa, empresa pública encargada del desmantelamiento de la central y de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del Estado, en la actualidad se está ejecutando la primera etapa de este proyecto.
Inicialmente, el cronograma de trabajo prevé tres años para cumplimentar las labores diseñadas para esta fase. Durante los mismos, los responsables del desmantelamiento gestionarán 5.718 toneladas totales de materiales. Entre ellos, según los datos de la compañía, 4.027 toneladas son residuos radiactivos.
Más de 4.000 toneladas de residuos radioactivos
En concreto, se trata de 244 toneladas de los denominados RBMA, residuos de baja y media actividad, que pueden ser desde herramientas hasta ropa de trabajo pasando por otros materiales.
Su conjunto se enviará al centro de almacenamiento de El Cabril, en la provincia de Córdoba, donde se almacenarán. Se trata de restos que reducen su radiactividad a la mitad en menos de 30 años.
Aparte, hay otras 1.721 toneladas de las catalogadas como RBBA, que son residuos de baja y muy baja actividad, con bajo contenido radiactivo y que precisarán de menores requisitos para su gestión, que se realizará también en El Cabril.
Tras cinco años de almacenamiento, este tipo de materiales se considera exento de radioactividad. Transporte por carretera El transporte hacia El Cabril, que es el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad en el Estado, se realizará por carretera.
Según indica la información facilitada por Enresa, la reglamentación, los embalajes y los vehículos certifican su seguridad y “tras más de cuatro millones de kilómetros de experiencia, no se han producido incidentes con implicaciones radiológicas”.
En cualquier caso, allí los residuos rescatados de la central burgalesa se almacenarán en contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos, que se guardan en celdas construidas en enormes naves en superficie en la serranía de Albarrana.
