La inauguración de la residencia de Arana como centro de refugiados es una realidad y está prevista para octubre, una vez concluyan las obras, con el plazo fijado el 30 de junio. Según explicó Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, el pasado martes durante la visita guiada a las instalaciones, en un inicio serán 120 plazas, aunque los perfiles se definirán en consulta con las instituciones locales: “dialogaremos con el ayuntamiento y la sociedad de Vitoria; seguramente serán unidades familiares y, mayoritariamente, mujeres solas o con hijos”, señaló. En cualquier caso, se trata de un proyecto que no ha estado exento de polémicas ni desaprobaciones desde la fecha en la que se anunció.
Una de las más firmes es la que promueve la asociación Zazpigarren Alaba-Babestu Araba, que reclama que la residencia de Arana se destine a uso geriátrico, oponiéndose de manera categórica a la creación de un macrocentro y defendiendo un modelo de acogida vasco que, según subrayan, respeta mejor a los barrios y su idiosincrasia. Es la idea principal que traslada Iñigo, miembro de la asociación, a este periódico.
“Nos sentimos totalmente desinformados”, afirma. “Este proyecto nació de espaldas a la ciudadanía. Hace tres o cuatro años nos convocó Denis Itxaso, quien era entonces delegado del Gobierno, sin que tuviéramos apenas información sobre el proyecto que se estaba gestando en la Clínica Arana. Durante todo este tiempo hemos sido los últimos en saber las cosas”, lamenta.
Lo que propone la asociación Zazpigarren Alaba-Babestu Araba desde hace años, antes incluso del inicio del proyecto del CAPI de Arana, es la reapertura del edificio como residencia pública. “Nuestra lucha ha sido esa siempre: que el proyecto sea para las personas mayores, con plazas de residencia pública. Y viendo el aumento de casos de personas con alzhéimer e ictus, también queremos darles ese espacio, para que no tengan que ir todos a Leza y puedan recibir atención aquí”, asegura el miembro de la asociación.
MÁS DE DOS MIL FIRMAS
No han sido pocas las movilizaciones convocadas por la asociación para mostrar su oposición al proyecto. “Estamos recogiendo firmas; llevamos casi 2.500 verificadas con nombre y apellido, con una persona detrás de cada una de ellas que considera que el proyecto no debería ser ese, sino uno dedicado a la gente mayor”, señala.
En este sentido, Iñigo pone el foco en la situación de las residencias públicas. “En los últimos cinco años se han creado cero plazas de residencia pública de gestión directa, cien plazas concertadas y entre 500 y 700 plazas privadas”, enumera. Denuncia así el interés de los gobernantes y los partidos políticos por la residencia privada. “La de San Prudencio la están dejando morir; se podría utilizar perfectamente para crear plazas públicas, pero ocurre lo contrario. Teniendo en cuenta que las privadas ya rondan los 3.000 o 3.500 euros, son precios inasumibles para muchas personas que han cotizado toda su vida, han hecho unos ahorros o tienen un piso en propiedad y que tienen que desprenderse de todo ello para costear el cuidado en su última etapa de vida”, considera.
Desde la asociación también critican que la información haya sido contradictoria respecto al número de personas que van a ser acogidas. “Desde Madrid no han valorado nada más; lo único que han hecho es preguntar: ‘¿ahí caben? Sí, pues venga, vamos a hacerlo ahí’”, sostiene Iñigo. “Durante todo el tiempo que se ha ido gestando el proyecto no nos han informado de nada: ni de cómo se va a llevar a cabo, ni de qué atención se les iba a dar. La realidad es que se han comprado 350 colchones”, lamenta. Además, consideran que presentar el centro como un espacio destinado principalmente a mujeres con niños es “una forma de suavizar el discurso ante la ciudadanía”. A su juicio, “la realidad que estamos viendo es muy diferente; solo veo hombres de entre 25 y 40 años”.
Desde Zazpigarren Alaba-Babestu Araba denuncian que “por defender la apertura de una residencia pública para mayores se nos ha tildado de xenófobos y racistas desde diferentes asociaciones”. Recuerdan que su petición sigue en pie y que no ven en el macrocentro una propuesta viable. Como alternativa, han señalado otros espacios posibles, como las comandancias de Araka.
Otra de las cuestiones que plantean desde la asociación es el gasto económico que conllevará el proyecto. “Si van a estar ahí 125, 200 o 350 personas, supondrá un gasto importante en personal, cuidados, alimentación y seguridad”, advierten. En este punto, critican la contradicción del discurso institucional: “dicen que son personas tranquilas las que van a venir, pero van a contratar seguridad”.
Como consecuencia, creen que el centro de Arana generará incertidumbre e incomodidad entre las personas mayores del entorno. Durante la conversación, Iñigo recuperó las declaraciones de la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, quien afirmó que “se están llevando a cabo políticas transversales de inmigración para no dejar a nadie en la cuneta”. A lo que replica: “a quienes están dejando en la cuneta es a las personas mayores que han cotizado toda su vida y que ahora tienen que volver a pagar precios inasumibles”.
La asociación también ha preguntado a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, sobre el futuro de las personas refugiadas una vez cumplan su estancia de seis meses en el centro de Arana. “Se dice que van a ser integradas, que van a contribuir a la ciudad, pero ¿qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con la educación de esos niños?”, cuestionan.
