Lo que a priori iba a ser una reforma para mejorar la accesibilidad de un edificio antiguo de viviendas sin ascensor ha acabado en los juzgados. Este marte se celebra la vista.
César Monge, vecino de Gasteiz, ha denunciado a la comunidad de propietarios de un portal de la calle Uralmendi, frente al Prado, por aprobar la instalación de un ascensor que, ahora, obstaculiza la entrada a su propia casa a su sobrino, una persona con discapacidad, obligada a moverse en silla de ruedas debido a una distrofia muscular. Hasta ahora, sin elevador, accede sin problemas.
Por lo tanto, el demandante solicita que se respete la accesibilidad de una persona con discapacidad, copropietaria de uno de los pisos de la planta baja y que pueda entrar en su piso con normalidad.
Alega que bastaría con reducir el tamaño del ascensor y colocar uno de cuatro plazas, en lugar de seis, pero el resto de la comunidad, formada por bajo y tres alturas, 16 puertas en total, prefiere el de mayor tamaño.
Respetar la accesibilidad
El caso ya lo hizo público la Síndica, Leire Zugazua. Así, lo narró la defensora vecinal de Vitoria: Son propietarios de una vivienda en un bajo, accesible desde la puerta del portal desde 1999 cuando su madre iba en silla de ruedas.
Ahora, la comunidad de propietarios ha decidido instalar un ascensor –no se niegan–, pero piden, precisamente, respetar la accesibilidad.
En cambio, con la obra proyectada, el sobrino de Monge, tendrá dificultades para recorrer el portal hasta entrar en su casa con la silla de ruedas.
“Pensaba trasladarse en año y medio a la vivienda de Uralmendi, cuando venza el contrato actual del arrendatario, ya que su deterioro es continuo, va a más, y su residencia actual en Salburua no está preparada para una persona con falta de movilidad”, explica Monge.
Dos giros de 90 grados
Conclusión: Se va a realizar una obra de accesibilidad que, contrariamente, va a dificultar la accesibilidad a una persona con discapacidad física, resume el denunciante en la exposición de su caso.
De hecho, explica Monge que, "con esta obra, a los propietarios de dos de los bajos del bloque nos cierran; mi sobrino entra ahora directamente a su casa, pero cuando coloquen el ascensor, tendrá que hacer dos giros de 90 grados con la silla de ruedas".
“Bastaría con colocar un ascensor más pequeño, como estaba previsto al principio en la comunidad”
“Solo pedimos un ascensor más pequeño, pero la comunidad prefiere uno de más plazas, a costa de perjudicar a uno de los copropietarios. La normativa deja claro que un proyecto de estas característica, no puede perjudicar a nadie”, defiende el denunciante.
Viciado desde el principio
Copropietario de la vivienda en litigio, junto a dos hermanos y su sobrino, Monge considera “un auténtico atropello que una persona que tiene la copropiedad de una vivienda no pueda acceder a su vivienda por el mero antojo del resto de propietarios, que prefieren un ascensor más grande, independientemente del perjuicio que nos provoca”, lamenta.
“Mi sobrino no puede esperar mucho más tiempo; tiene 42 años y su deterioro va a más y es continuo; precisamente, su padre murió a causa de una distrofia muscular con la misma edad. Mi sobrino es un gran dependiente”, señala.
La discapacidad de su sobrino es la razón fundamental por la que su tío decidió litigar.
“Denuncié a la comunidad de propietarios porque, tras consultarlo con una abogada, nos dijo que ir contra el Ayuntamiento era todavía más complicado debido a la fuerte capacidad de defensa que tiene, además de que es la decisión de la comunidad la que nos perjudica”, entiende.
"Dejación de sus funciones"
No obstante, piensa que el Ayuntamiento “está haciendo dejación de funciones, al conceder una licencia de esta manera, aunque la responsabilidad sea de la comunidad”, opina.
Y es que, argumenta Monge que el proyecto está viciado de origen. “Un presidente que contrata a un arquitecto que propone instalar un ascensor de seis plazas en un edificio antiguo y para respetar la legalidad y conseguir la licencia, falsea las medidas del portal”, acusa.
“Sabiendo que podía tener problemas, lo que hizo es presentar al Ayuntamiento unas medidas totalmente falseadas y éste concedió la licencia.”, añade.
Falsedad documental
Ante esta situación, los afectados, por su cuenta, contrataron a otro arquitecto que acudió con una notaria para realizar una nueva medición y dar cuenta de las medidas reales del portal.
“Hemos demostrado la falsedad documental del proyecto presentado, también al Ayuntamiento, pero no quiere saber nada”, apunta Monge.
A día de hoy, el proyecto está aprobado y el ascensor listo para ser instalado hacia enero, según la previsión de plazos que maneja la propia comunidad.
Rizar el rizo
Por si fueran pocas las complicaciones del caso, para rizar el rizo, el sobrino del denunciante está inscrito en una asociación de personas discapacitadas, Eginaren Eginez y la comunidad de propietarios ha contratado como letrado, precisamente al profesional que lleva la normativa de personas con discapacidad en Bizkaia y vela por sus derechos.
“Es decir, en la parte contraria, tenemos al abogado que, en teoría, defiende a las personas con discapacidad”, ironiza Monge.
Años sin problemas
No es la primera vez en su vida que el denunciante se enfrenta a un problema de accesibilidad de vivienda que afecta a una persona cercana con discapacidad física.
“Ya vivimos un episodio similar en su día en el domicilio de mis padres en Domingo Beltrán cuando mi madre quedó discapacitada y la comunidad, en lugar de bajar el suelo a cota cero, como pedimos, colocó una rampa, impracticable por su desnivel", recuerda.
Al final, "mis padres tuvieron que cambiarse de casa, por eso compraron un piso en planta baja en Uralmendi, donde residieron muchos años sin ningún problema de accesibilidad”, cuenta.
Sin embargo, desde hace dos años y pico, cuando la comunidad de vecinos se planteó realizar la obra del ascensor, Monge vive preocupado por el futuro de su sobrino.
Profesionalidad
“El primer arquitecto contratado por la comunidad me garantizó que sería un ascensor de cuatro plazas, precisamente para no perjudicar a los vecinos de los bajos, pero trajeron a un segundo arquitecto, que proyectó un elevador más grande argumentando que cumplía la normativa, pese a mis reticencias, y la comunidad lo aprobó", resume
"También en el Ayuntamiento me dijeron que estuviésemos tranquilos, que si no cumplía la ley, no se autorizaría la licencia, pero el arquitecto falseó el las medidas y el Ayuntamiento no envió a un técnico a comprobar que eran correctas", justificando que a un arquitecto se le presupone profesionalidad, "inconcebible" para el denunciante. Mañana, ambas partes se verán en el juzgado.
