Los gasteiztarras llaman a la puerta de la Síndica cuando colisionan con la burocracia municipal, no obtienen respuesta a una reclamación reiterada o tienen que abonar pagos y recargos que consideran injustos, sobre todo en materia de impuestos y multas. También para quejarse de servicios municipales que consideran deficientes o decisiones políticas que les perjudican, entre otras muchas razones.
En definitiva, cuando de alguna manera se sienten impotentes, indefensos y, en cierta medida, víctimas del propio Ayuntamiento de Vitoria.
Así lo constata el último informe presentado por la defensora vecinal. Dice Leire Zugazua que las quejas de los vitorianos aumentan ligeramente. En el tercer trimestre del año, la ciudadanía le ha trasladado 38 nuevos casos, muchos aún sin resolver. He aquí algunos ejemplos.
Caídas en la calle
Cuenta un vecino a la Síndica que hace tres años su mujer se cayó en la vía pública debido a una chapa de una arqueta levantada frente a unos contenedores entre las calles San Antonio y San Prudencio. Sufrió rotura de cadera, tuvo que ser operada y todavía es dependiente a la hora de desplazarse. Presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial y, tres años después, aún no se ha resuelto su caso. Sienten que “al Ayuntamiento no le importa su situación”.
Otro caso. Son propietarios de una vivienda en un bajo, accesible desde la puerta del portal desde 1999 cuando su madre iba en silla de ruedas. Ahora, la comunidad de propietarios ha decidido instalar un ascensor, no se niegan, pero piden respetar la accesibilidad.
Sin embargo, el modelo elegido por la comunidad no la respeta. Han presentado alegaciones a la licencia, pero el Ayuntamiento las ha desestimado y, ahora, su sobrino, usufructuario de la vivienda, discapacitado y usuario de silla de ruedas, no puede acceder.
Conclusión: Se está haciendo una obra de accesibilidad que, contradictoriamente, no permite a una persona discapacitada acceder, indican en la exposición de su caso a la defensora vecinal.
Tarjeta OTA de residente
Habituales son entre los gasteiztarras las quejas a la Síndica por multas de tráfico puestas por la Policía Local. Las de OTA son recurrentes. Por ejemplo, su reciente implantación en Judimendi lleva a que los vecinos de Polvorín Viejo 1-7 y 2 tengan tarjeta de residente, pero los de Polvorín Viejo 4 y 6 estén excluidos.
“Resulta curioso que los residentes de las calles Rioja, La Paz... puedan venir y aparcar en las zonas de residentes de mi barrio, cuando viven a más de un kilómetro de distancia y que yo, estando a menos de cien metros, no pueda aparcar”, lamenta este ciudadano.
Otra vitoriana aduce que tiene tarjeta de residente, pero con la granizada de julio se le rompieron las lunas del coche, por lo que llevó el vehículo al taller. Después de cambiarlas, fue su hermana a recoger el vehículo porque ella estaba aún convaleciente. La hermana estacionó en la zona habitual de su zona de residencia.
Cual fue su sorpresa cuando la propietaria fue a comprobar que el coche estaba bien estacionado, coincidiendo con la festividad de Santiago, y no había nada en la luna. Sin embargo, en agosto se acercó de nuevo y ya tenía cuatro multas por no tener la pegatina puesta. Las pagó y a los tres días le llegaron otras tres.
Al acudir a abonarlas, le informaron de que tenía nueve sanciones en total. Entonces, siguiendo la recomendación de la persona que le atendió en la oficina municipal de San Antonio, presentó un escrito al Ayuntamiento y pagó todas las demás sanciones. Sin embargo, todavía no ha recibido respuesta a su escrito.
Al parecer, en el taller, con el trajín que tuvieron tras la granizada, se olvidaron de colocar la pegatina de OTA. Considera esta ciudadana que las multas han sido “muy desproporcionadas”, ya que con las nuevas tecnologías se puede comprobar fácilmente si una persona es titular de la tarjeta OTA de residente.
En caso de fallecimiento
Pocas actuaciones indignan más a la ciudadanía gasteiztarra que una multa que considera “injusta”. Una de ellas es el pago de recargos en los impuestos municipales cuando a la persona afectada no se le brinda otra alternativa que infringir la ley. Muchas de estas indefensiones a las que se enfrenta la población están relacionadas con la muerte de una persona muy cercano.
Es el caso de una persona a la que le murió su suegro en enero. Entonces, la mujer del fallecido pasó a ser la única heredera. Entre trámite y trámite, no pudo abonar ni hipoteca ni recibos del Ayuntamiento hasta solucionar el papeleo de la herencia. En mayo llegó al domicilio una notificación certificada del Ayuntamiento con el impuesto de Plusvalía. Consultó al notario y éste le dijo que todavía no había finalizado la tramitación de la documentación de la herencia.
Entonces, acudió al Ayuntamiento a preguntar qué otros impuestos debían. Hasta entonces, la respuesta siempre había sido: esperar. Pues resulta que el impuesto de circulación ya tenía un recargo que, por supuesto, ve “injusto”.
El recibo seguía a nombre de la persona fallecida, y la escritura de partición y aceptación de la herencia era con fecha posterior a la finalización del periodo de pago voluntario del impuesto.
Ante esta realidad, acudió a Hacienda para transmitir su queja y únicamente le respondieron que “es así y que mejor que pague el recargo”, indica.
Otra persona se indigna al fallecer su suegro, cuando su mujer se queda como única heredera, se pone en contacto telefónico con Amvisa para domiciliar los recibos del agua en otra cuenta y le responden que no. Argumentan que al ser por fallecimiento del titular, tiene que cambiar la titularidad del contrato, contador, etc, lo que le va a costar 180 euros, cuando cambiar una domiciliación normal, no supone ningún coste.
Considera esta persona afectada que “la subrogación en caso de fallecimiento debería ser gratuita, como en otros municipios”, apela.
Otro ejemplo. Un gasteiztarra que tiene domiciliado el recibo del IBI desde 1996 en el mismo número de cuenta, conjunta con su mujer que falleció hace dos años y de la que era tutor legal. El aviso de cobro de 2021 le llegó a casa, pero no se lo giraron. Más tarde le llegó con recargo. A día de hoy, no consigue aclarar la confusión con el Ayuntamiento.
Recarga de coches eléctricos
Denuncia una persona ante la Síndica que alguien ha incendiado diez veces un contenedor en la calle La Paloma, que los vecinos no pueden más con esta situación y que no entienden cómo la Policía no cierra la investigación cuando la ciudad está llena de cámaras de vigilancia.
Critica otra persona que desde antes de las fiestas de San Prudencio no han pasado para arreglar o segar la parte de atrás de Camino de Armentia 24, 26 y 28. La zona está llena de matorrales y malas hierbas. Además, han aparecido roedores en su casa y cree que es consecuencia de la suciedad.
Una tercera persona denuncia que, después de ocho meses de obras, los tilos de la recién reformada plaza de Aldabe están muy mal.
Sin palabras se queda otro ciudadano al ir a cargar la batería de su vehículo eléctrico en los puntos de recarga a cargo de la empresa Zunder, previstos en 21 puntos de Vitoria. Acude a Castillo de Quejana a enchufar el coche y resulta que todas las conexiones son válidas para un tipo de coches (Volkswagen, Porche etc.), pero no para otras marcas (Toyota, Lexus...).
Defraudados están también quienes residen en Portal de Arriaga en un edificio construido hace 30 años al ver que en la parcela contigua están levantando un inmueble que invade y estrecha la acera cuando en la parte trasera hay espacio suficiente que se podía haber aprovechado. Consideran que la licencia no se ajusta a derecho y así se lo confirma un técnico municipal: “La licencia estaba mal concedida, pero poco se puede hacer porque ya estaba dada”.
