La enorme mochila que porta el Partido Popular en materia de corrupción vuelve a primera línea con los procedimientos judiciales que se siguen por casos que devuelven la atención al centro de los primeros escándalos: el Govern de la Generalitat Valenciana. El denominado caso Erial se juzga estos días para dirimir la presunta trama de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones de servicios públicos, como la ITV en la Comunidad. Los detalles conocidos en las declaraciones de los testigos hablan de una trama desarrollada por cargos políticos que después fueron relevantes en el gobierno de José María Aznar –como el director general de la Policía, Juan Cotino– al amparo y con el conocimiento del entonces (1997) president valenciano Eduardo Zaplana y después ministro con el propio Aznar. Detalles que describen el tránsito de capitales a Luxemburgo para la creación de empresas pantalla con las que cobrar comisiones de hasta el 30% del importe de adjudicaciones públicas. Pero, con independencia de que mucho de lo descrito por los testigos –entre ellos los propios sobrinos de Cotino– en la sesión de ayer del juicio deje un regusto chusco en los usos, las formas y la impunidad de la actuación de cargos públicos del Partido Popular, es más severo el grado de penetración que acreditan en el partido unas prácticas de conocimiento claro en responsables de primer nivel y con el enriquecimiento personal como objetivo de la actividad de quienes ocuparon cargos institucionales destinados al servicio público. No hace sino reforzar la sensación de continuidad en la práctica de ocupación del ámbito público para beneficio privado que llega hasta el momento actual, con casos sonados que no afectan únicamente al PP –como el denominado caso Koldo, aunque en este no se ha acreditado hasta la fecha conocimiento o colaboración en la trama de los responsables políticos del PSOE–. La cadena de prácticas corruptas que afloran es especialmente grave en el caso de los populares, comienza con su acceso a funciones de poder público en tiempos de Aznar y, habiendo costado el desalojo de Moncloa a su sucesor, Mariano Rajoy, sigue manteniendo en un entorno de invulnerabilidad al propio primer presidente popular, que se permite seguir dando lecciones de lo que es o no patriotismo y servicio público.