Vitoria. El Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia vuelven a enfrentarse con el Guggenheim como excusa. En esta ocasión, el objeto de controversia reside en la gestión que Juan Ignacio Vidarte realizó o no durante la polémica compra de divisas que el museo bilbaíno realizó en su día y que supuso una pérdida de dinero.
Así las cosas, la consejera de Cultura, Blanca Urgell, dijo ayer en el Parlamento Vasco, durante la presentación de las conclusiones de un informe encargado al despacho de abogados Ramón y Cajal, que el director del centro "no tenía poderes" para gestionar contratos de compra de dólares pero admitió que no se le puede pedir responsabilidades porque la Diputación de Bizkaia se opone.
Cabe recordar que entre 2002 y 2003 la Sociedad Tenedora del museo compró más de 17 millones de dólares para la adquisición de obras de arte, pero la devaluación del dólar con respecto al euro provocó pérdidas de más de seis millones de euros.
Urgell recordó que "en esas operaciones tan arriesgadas se perdió una enorme cantidad de dinero público" y emplazó a la Sociedad Tenedora a reflexionar sobre la posibilidad de anular los contratos realizados. También pidió que "se revise" la confianza en el gestor que dio lugar a esas "gravísimas pérdidas", Vidarte, y que se estudie la posibilidad de pedirle responsabilidades "por daños".
Sin embargo, la Diputación de Bizkaia sostuvo también ayer que el director del museo no incurrió en ningún tipo de ilegalidad, ni se extralimitó en sus funciones. Unas afirmaciones sustentadas en un informe elaborado por el despacho madrileño de abogados Pérez Llorca.
