La Diputación Foral de Álava, que ayer anunció una inspección extraordinaria en la residencia Arabarren I tras recabar tres denuncias de familiares por “cuidados deficientes y recortes”, ha actualizado este mismo año su protocolo de vigilancia para los recursos sociales del territorio después de reforzar estas labores a partir de mayo de 2022.
Según se especifica en este nuevo Plan de Inspección de Servicios Sociales, fechado el pasado febrero y al que ha tenido acceso NOTICIAS DE ÁLAVA, el personal de inspección puede llevar a cabo hasta cuatro tipos distintos de visitas a los centros de competencia foral, tanto a los destinados para personas mayores como con discapacidad, menores de edad, víctimas de violencia machista o en situación de exclusión social.
Álava suma alrededor de 230 recursos públicos y privados, tengan estos últimos plazas concertadas o no.
Tipologías del inspección
Se trata de las inspecciones iniciales, las que se realizan con carácter previo a la concesión de la autorización de funcionamiento de un centro determinado; las ordinarias, que son periódicas y buscan controlar el cumplimiento de la normativa; las extraordinarias, que se realizan por orden de un órgano superior o por la previa presentación de una queja o denuncia “debidamente identificada y legitimada” o cuando se esté tramitando un expediente –es el caso de Arabarren I–; o de asesoramiento, para comprobar la viabilidad de determinados equipamientos o sobre los derechos y deberes de las entidades prestadoras y de las personas usuarias.
Sin aviso previo
Las visitas ordinarias, que en las residencias de mayores se realizan al menos una vez al año, pueden llevarse a cabo en todos los casos “en días laborables y festivos, en horario diurno o nocturno, y sin previo aviso”, tal y como especifica el protocolo.
Esta última dinámica comenzó a generalizarse durante la pandemia del covid-19, un momento especialmente crítico en el que las inspecciones encontraron algunas irregularidades en los recursos sociales.
Álava cuenta según los últimos datos actualizados por el IFBS con 4.416 plazas residenciales para mayores.
Control “aleatorio”
El actual Plan de Inspección, que tendrá vigencia hasta 2027, contempla que los técnicos pueden constatar “de forma aleatoria” en sus visitas aspectos como que la prestación de los cuidados básicos sea adecuada para las personas usuarias en términos de higiene, limpieza de ropa y ayudas técnicas o de realización de actividades.
También, otros relacionados con la alimentación como la variedad de menús, el control de las dietas por partes de profesionales con formación e incluso el control periódico de peso.
En este último ámbito, y como elemento de calidad, los inspectores también acostumbran a observar otros indicadores como la continuidad y la estabilidad en el empleo en los centros para “favorecer un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio”.
"Una mirada más amplia"
La Diputación reforzó hace ya casi dos años y medio sus protocolos en las residencias para “dar un paso más allá” en sus labores de inspección y otorgarles “una mirada más amplia”.
El protocolo actual viene a ser, en realidad, una pequeña actualización del anterior. El anterior diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, introdujo entonces “elementos diferenciadores de calidad” en las labores de control y comenzó a dar un mayor peso a la formación en geriatría en los servicios, a la continuidad y estabilidad en el empleo o a la realización de actividades diferenciadas y variadas, según el perfil de los residentes.
El diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha defendido este martes que el seguimiento técnico al centro de cuidados Arabarren I, donde se han recogido tres denuncias de familiares por deficiencias en los cuidados, es “constante”, al igual que el canal de comunicación con las familias. Dado que, pese a estar gestionado por el Grupo Mondragon, se trata de un geriátrico público, el ente foral lleva a cabo en este centro un control técnico directo al margen de las inspecciones contempladas por protocolo, que ya han sido dos desde la apertura del centro a comienzos del pasado 2023. Urtaran ha lanzado también un mensaje de “tranquilidad a todas las familias que tienen un ser querido” en algún centro de cuidados del territorio y ha defendido que Arabarren I es “una residencia fantástica de última generación, con unas instalaciones muy modernas”. Y han matizado que lo que la Diputación tiene que “intentar discernir” ahora es “entre esa percepción legítima que puede tener una persona pensando que su ser querido se merece mejores cuidados de aquello que se produce por un mal funcionamiento o negligencia”. “Veremos si la inquietud se debe a una percepción o a una situación negligente”, ha insistido el titular alavés de Políticas Sociales. Al hilo de esta misma cuestión, el sindicato LAB ha solicitado que no se responsabilice a los trabajadores de este centro de la situación denunciad sobre los cuidados que se prestan en Arabarren I y ha señalado a renglón seguido que esta coyuntura es fruto de la “negligencia” de las administraciones competentes. Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Araba en las Juntas, David Rodríguez, ha reclamado que la Diputación “investigue profundamente” la situación en la residencia tras las denuncias recabadas.
Sola informó también en su día de que la mayoría de los controles comenzaría a realizarse sin preaviso y en horarios poco habituales y que se interactuaría más con las personas usuarias y profesionales, algo posible porque el personal empezaría a acudir de dos en dos a las inspecciones.
Otros aspectos que comenzaron a potenciarse entonces fueron la elaboración de historias de vida de las personas residentes para situarlas en el centro de la atención, primar los aspectos personales sobre los organizativos de los centros y convertir al personal de referencia en un apoyo “real” para usuarios y familiares.
Además, la Diputación anunció la ampliación de la plantilla de inspección con la incorporación de una nueva figura al equipo con perfil de Enfermería para “reforzar la dimensión sociosanitaria” de los controles.
Pese a que el área foral de Políticas Sociales no dispone a día de hoy de datos actualizados, el Servicio de Registro e Inspección procedió a formalizar desde amonestaciones por escrito hasta multas económicas en 33 ocasiones a distintos centros de mayores de Álava entre 2019 y la primera mitad de 2022.
La sanción máxima fue para una residencia “por no atender instrucciones reiteradamente” y “mantener sujeciones sin prescripción médica”. Las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros en casos de negligencias muy graves.
