La desaparición del recinto nuclear de Santa María de Garoña, central ubicada en el burgalés Valle deTobalina y que linda geográficamente con los municipios alaveses de Valdegovía y Lantarón, es un proceso que se prolongará durante 10 años como mínimo y que requerirá de una inversión de 475 millones de euros. Hasta la fecha, y ahora que han pasado nueve meses desde el comienzo del desmantelamiento, la central analiza las toneladas de materiales que tiene que gestionar. De ellos, el 87,92% se corresponden con elementos radioactivos que requieren de una gestión especializada.
Según la información facilitada por Enresa, empresa pública encargada del desmantelamiento de la central y de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del Estado, en la actualidad se está ejecutando la primera etapa de este proyecto. Inicialmente, el cronograma de trabajo prevé tres años para cumplimentar las labores diseñadas para esta fase. Durante los mismos, los responsables del desmantelamiento gestionarán 5.718 toneladas totales de materiales. Entre ellos, según los datos de la compañía, 4.027 toneladas son residuos radiactivos.
Baja y media intensidad
En concreto, se trata de 244 toneladas de los denominados RBMA, residuos de baja y media actividad, que pueden ser desde herramientas hasta ropa de trabajo pasando por otros materiales. Su conjunto se enviará al centro de almacenamiento de El Cabril, en la provincia de Córdoba, donde se almacenarán. Se trata de restos que reducen su radiactividad a la mitad en menos de 30 años.
Aparte, hay otras 1.721 toneladas de las catalogadas como RBBA, que son residuos de baja y muy baja actividad, con bajo contenido radiactivo y que precisarán de menores requisitos para su gestión, que se realizará también en El Cabril. Tras cinco años de almacenamiento, este tipo de materiales se considera exento de radioactividad.
Detalles
Ubicación. La central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra enclavada en la comarca burgalesa de las Merindades, a tiro de piedra de las alturas de Valdegovía y Lantarón, en un paraje espectacular junto a un río Ebro, que en la zona se ensancha creando un paisaje muy reconocido y reconocible junto a la carretera que comunica Trespaderne y Puentelarra, a unos 40 kilómetros dela capital alavesa.
Historia. La citada planta fue la segunda central nuclear que operó en el Estado tras la puesta en marcha unos años antes de la central nuclear José Cabrera. Estuvo activa entre 1971 y 2013, y tenía una potencia eléctrica de 466 mW. Pertenece a la empresa Nuclenor (Centrales Nucleares del Norte, S.A.), entidad constituida por las compañías eléctricas Iberdrola y Endesa.
Referencia. La central se comenzó a construir en 1966 y el 2 de marzo 1971 se acopló por primera vez a la red eléctrica. Tenía un reactor de agua en ebullición del tipo BWR 3. Esta instalación, de tecnología americana General Electric, fue la primera central nuclear que funcionó en el Estado con este tipo de reactores.
Dos fases. En 2017 Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases a lo largo de una década. En la fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear. Mientras, en la fase 2 (2027-2033) se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico.
Transporte por carretera
El transporte hacia El Cabril, que es el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad en el Estado, se realizará por carretera. Según indica la información facilitada por Enresa, la reglamentación, los embalajes y los vehículos certifican su seguridad y “tras más de cuatro millones de kilómetros de experiencia, no se han producido incidentes con implicaciones radiológicas”. En cualquier caso, allí los residuos rescatados de la central burgalesa se almacenarán en contenedores de hormigón fabricados a prueba de terremotos, que se guardan en celdas construidas en enormes naves en superficie en la serranía de Albarrana.
“Tras más de cuatro millones de kilómetros de experiencia, no se han producido incidentes con implicaciones radiológicas”
También material convencional
El desmantelamiento generará 2.062 toneladas de material radioactivo desclasificable (potencialmente reciclable). Todo ello se completará con otras 1.691 toneladas convencionales de residuos de construcción y demolición, de los que se reciclarán aproximadamente de ellos 586 toneladas.
Además, se cargarán 49 contenedores de combustible gastado que se gestionarán en el ATI (almacén temporal individualizado) de la instalación durante esta fase. El combustible irradiado se almacena en húmedo, de forma temporal, en piscinas diseñadas para ello dentro del edificio del reactor de la central nuclear. Si se completa la capacidad de almacenamiento de estas piscinas, se procede a almacenar el combustible irradiado en un ATI en la propia instalación de la central, en contenedores en seco.
Fases del proyecto
Previamente a todo ello, se llevaron a cabo entre 2019 y 2023 las actividades de transferencia de titularidad de la instalación a Enresa. Estos trabajos consistieron, fundamentalmente, en la realización de descargos, la modificación de sistemas e instalaciones, así como en inventariar física y radiológicamente la instalación y en presentar toda la documentación de licenciamiento necesaria para poder acometer el proyecto.
Tras todo ese trabajo previo y preparatorio, la primera fase en curso (2023-2026), además de gestionar el combustible gastado, servirá para descontaminar y desmontar los grandes componentes del edificio de turbina para que tenga una nueva función de acondicionamiento de residuos. Simultáneamente a estos trabajos se llevará a cabo la evacuación del combustible gastado desde la piscina hasta el ATI ubicado en el área Este de la instalación.
Ya en la segunda fase (2026-2033), con el combustible fuera del edificio del reactor, se abordará el desmontaje de la vasija y los componentes internos del reactor, se demolerán los edificios una vez retirada su posible contaminación y se restaurará el emplazamiento.
Mano de obra necesaria
Será en esta segunda fase cuando más mano de obra trabajará en el proyecto. Según la previsión que manejan los responsables de Enresa, la faena necesitará de picos de hasta 300 trabajadores durante 2026-2027.
Dos nuevos edificios para la gestión del desmontaje
El proceso para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña está diseñado en dos etapas. La primera, en curso, se prolongará tres años, hasta 2026.La segunda durará siete años. Bajo esa previsión, las tareas en el entorno de la planta burgalesa son ya una realidad. En esta primera etapa está prevista la construcción de un almacén de grandes piezas desclasificables y de un edificio de declasificación de la central para los que serán necesarios 2,5 millones de euros.
Según publicaron medios castellano leoneses, la constructora burgalesa Copsa es la elegida para encargarse de levantar estos dos inmuebles, separados, con estructura y cerramientos independientes y cimentación común, así como de la redacción del proyecto. Tras hacerlos realidad, también estará al frente de las pruebas de la puesta en marcha de ambos edificios en las inmediaciones de la central.
Toda esa operación forma parte del contrato de la fase 1 del desmantelamiento de Garoña, uno de los más abultados en lo económico. Copsa invertirá 2.490.301,73 euros (impuestos incluidos). Enresa lo había licitado por 2.966.148 euros.
La central se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria y Energía su decisión de no seguir explotándola.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, fue denegada por el Ministerio.
