El coste del largo proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña ascenderá a 475 millones de euros.
El precio final se aporta de acuerdo con la información facilitada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y que será la encargada de ejecutar unos trabajados que se alargarán durante una década.
Precio del año 2023
Con el dato sobre la mesa de los 475 millones de euros, en respuesta a una pregunta de VOX, se viene a cuantificar el importe final de una operación que, en diferentes ocasiones, se ha llegar a cifrar en cantidades que rondaban los 600 millones de euros.
El coste del desmantelamiento aportado por Enresa se centra en una “estimación realizada a fecha de 2023”, explicaron a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA las fuentes de Enresa consultadas.
En ese importe están incluidas las “actividades que se han de llevar a cabo desde la transferencia de la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa e inicio de las obras de desmantelamiento, hasta la declaración de clausura”, especificaron esas mismas fuentes.
Al ceñirse a cantidades del año 2023 y por la duración de diez años que se estiman van a tener los trabajos, pudiera darse el caso de que esa cantidad terminara por incrementarse. “Con la información de que disponemos, no podemos anticipar modificaciones a los mismos”, concluyeron al ser cuestionados sobre la previsión de un incremento en la hoja final de gastos.
Otras cantidades
Hace unos meses ya se apuntó a que en cuestiones como pago de impuestos tasas, seguros, costes de personal y otro tipo de cuestiones, se estima una cantidad de 467 millones de euros, según una respuesta facilitada por el Gobierno a pregunta del grupo de senadores del PP en Burgos.
La cantidad se incrementaría también con otros 150 millones de euros, de manera aproximada, y que se destinarán para los 49 contenedores herméticos en los que se depositará el líquido nuclear generado en Garoña.
De esta manera y con estas cantidades esos 475 millones de la última respuesta gubernamental parece que se van a rebasar en la factura de costes que suponga desmantelar el complejo nuclear en suelo burgalés y a medio centenar de kilómetros de la capital alavesa.
Informe favorable del CSN
El pasado 17 de mayo el Consejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente la solicitud de cambio de titularidad de Nuclenor (la empresa propietaria hasta la fecha) a Enresa así como para iniciar –con límites y condiciones– la primera fase del desmantelamiento de la central burgalesa.
Igualmente el organismo regulador informó favorablemente el correspondiente plan de protección física, presentado por Enresa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esa resolución no es la última ni la definitiva que desatasca el comienzo del desmantelamiento, pero sí era el posicionamiento necesario y requerido por parte del CSN antes de afrontar una nueva etapa.
A la espera del Ministerio
Con ese paso iniciado deben llegar ahora otros movimientos relevantes como es la declaración de impacto ambiental y la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica que permita acometer la ingente tarea de trabajo que supone el desmantelamiento de la central nuclear situada en terreno burgalés.
Desde ese posicionamiento de hace año y medio Enresa sigue a la “espera tanto de la declaración de impacto ambiental y del permiso del MITECO”, ratificaron ayer.
Incertidumbre
La previsión de la empresa encargada de acometer la gran tarea del desmantelamiento era poder dar inicio al mismo este mismo verano.
Ahora con el panorama que sitúa la celebración de las elecciones generales el próximo 23 de julio “desconocemos si el adelanto puede afectar a la tramitación”, explicaron a DNA desde Enresa.
El desmantelamiento se llevará a cabo en dos etapas. La primera será de tres años de duración y se estima en otros siete el de la segunda.
