La Universidad del País Vasco (UPV-EHU) hará mediciones de los niveles de radiactividad durante la fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, situada en Burgos y próxima al territorio de Álava.
Así, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado esta misma semana la firma de un convenio con la UPV/EHU en el marco del programa de vigilancia radiológica ambiental independiente. Según informó el CSN, el acuerdo con la universidad vasca tiene una duración de cuatro años a partir de su firma y “su fin es efectuar de manera periódica muestras y análisis en el entorno de las instalaciones”, informaron.
En concreto, su objetivo es la ejecución de un programa periódico de muestreo y análisis en el entorno de las instalaciones a través de la gestión coordinada de los datos, la aplicación de un sistema de garantía calidad sobre su fiabilidad y la ejecución de un programa especial de vigilancia cuando lo requiera el regulador.
Vigilancia
A la vigilancia que realizan los titulares en la zona de influencia de las instalaciones, el CSN superpone sus propios programas independientes de control, que lleva a cabo bien directamente o a través de los programas encomendados a las comunidades autónomas.
Para el desarrollo de los PVRAIN de cada instalación, el CSN considera conveniente contar con la colaboración de los laboratorios de medida de radiactividad ambiental integrados en la Red de Estaciones de Muestreo (REM), para lo cual se suscriben los correspondientes acuerdos como este con la UPV/EHU con quien el Consejo colabora desde la creación de los programas de vigilancia radiológica.
“Las entidades que cooperan con el CSN trabajan, desde su creación hace más de 30 años, en programas de vigilancia radiológica ambiental, además de participar en las numerosas acciones encaminadas al asegurar la calidad radiológica del medio ambiente en el territorio español mediante jornadas, grupos de trabajo o proyectos de I+D+i”, explicaron.
En cuanto a la situación actual sobre el desmantelamiento de Garoña, cabe destacar que, recientemente, Enresa ha finalizado la carga y traslado del segundo contenedor de combustible gastado al ATI (Almacén Temporal de Individualizado) de la central nuclear de Santa María de Garoña, cargado con combustible procedente de la piscina de la nuclear, según informaron fuentes de Enresa en un comunicado.
Segundo contenedor
Este segundo contenedor forma parte del total de 49 unidades que está previsto almacenar en el ATI de Garoña, dentro de la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear que acomete Enresa, que cumple con la programación establecida.
La secuencia de trabajos, que han sido supervisados por el Consejo de Seguridad Nuclear, ha contemplado la preparación del contenedor, su traslado a la piscina, la carga de 52 elementos de combustible gastado, su acondicionamiento y, finalmente, su traslado al Almacén Temporal Individualizado.
Este contenedor, modelo ENUN 52 B fabricado por la compañía española Ensa, tiene una altura de 4,85 metros, un diámetro de 2,1 metros y un peso de 71 toneladas, una vez cargado. Durante esta primera fase del desmantelamiento de la central, cuya duración estimada es de aproximadamente tres años, Enresa procederá a completar la evacuación de todo el combustible gastado de la piscina.
Asimismo, el pasado enero Solaria obtuvo la Autorización Administrativa de Construcción de su segundo proyecto insignia, el fotovoltaico de ‘Garoña’, de 595 megavatios (MW) y situado en Burgos, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con esta autorización para el proyecto, el grupo de renovables reiteró su objetivo de capacidad de llegar a los tres gigavatios (GW) a finales de 2024.
solaria En concreto, “este proyecto, de los más grandes de la cartera de Solaria, supondrá la construcción en el entorno de la antigua central nuclear de cuatro plantas solares. Con un presupuesto de unos 360 millones de euros, supondrá la instalación de alrededor de 1,5 millones de paneles solares, que darán servicio a unos 300.000 hogares de la provincia de Burgos”, informaron.
“Solaria obtuvo un beneficio neto de 86,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 24% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior”, informó la agencia Europa Press mediante un comunicado.
Cabe recordar que el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña obligará a gestionar unas 7.000 toneladas de residuos en la primera fase, que se prolonga durante tres años a partir de la cesión de la titularidad de la instalación a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) , según la estimación de la empresa pública encargada de todo el proceso.
La planta atómica dejó de producir energía en diciembre de 2012, aunque el cierre definitivo de la instalación no se realizó hasta diciembre de 2017. El director de la instalación mientras se realiza el desmantelamiento, Manuel Ondaro, explicó que saldrán de la planta varios tipos de residuos, aunque Enresa solo se encargará de los que tengan carga radiactiva, mientras que el resto será gestionado por empresas autorizadas para esta actividad.
475 millones de euros para las dos fases del desmantelamiento
El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña cuenta con un presupuesto estimado de 475 millones, a los que habría que sumar los de los contenedores de carga de combustible gastado, y se empleará a cientos de personas para ello.
Según los principales datos del proyecto, el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña obligará a gestionar unas 7.000 toneladas de residuos en la primera fase, que se prolonga durante tres años a partir de la cesión de la titularidad de la instalación a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) en julio de este año, según la estimación de la empresa pública encargada de todo el proceso.
En concreto, el proyecto constará de dos fases, que abarcan hasta 2033, y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea. El plan fue informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear.
El Ministerio, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014.
Solicitud denegada
Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ese momento, Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases a lo largo de una década.
En la fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes.
A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Mientras, en la fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico.
