Piden campañas para dar a conocer el derecho a la eutanasia y más formación en Osakidetza

Representantes de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Euskadi han pedido este lunes que se pongan en marcha más campañas institucionales de información para dar a conocer el derecho a la eutanasia y una mayor formación a los profesionales sanitarios de Osakidetza.

Portavoces de esta asociación han comparecido en comisión en el Parlamento Vasco para explicar a los grupos los aciertos y las carencias en el desarrollo de la ley aprobada en 2021 en la que se recoge el derecho a la eutanasia, así como para advertir de las dificultades para presentar los documentos de voluntades anticipadas en los centros de salud y los retrasos en las citaciones para registrarlos.

Según los datos del Departamento vasco de Salud, desde la aprobación de la citada norma en el País vasco se ha garantizado la ayuda médica a morir a 133 personas. Las solicitudes se duplicaron entre 2022 y 2024 y el pasado año hubo 74 y se realizaron 49 procedimientos.

Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente, Iñaki Alegría ha recordado que la eutanasia consiste en la administración directa por parte de un profesional sanitario de una sustancia que ayude a morir o en la prescripción médica de la misma para que el propio solicitante pueda utilizarla.

Para poder acceder a este derecho se debe sufrir una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificado por el médico responsable.

Información

Alegría ha reconocido que la ley ha sido de gran ayuda para muchas familias, pero ha precisado que hay aspectos que deben mejorarse y se ha centrado en la falta de información que en ocasiones prestan los facultativos.

Por ello, además de una mayor formación a los profesionales y de una mayor dotación de los mismos, ha planteado la necesidad de llevar a cabo campañas institucionales, del mismo modo que se hace con la vacunación de la gripe o los cribados de cáncer.

Asimismo, ha explicado que tras la aprobación de la ley hay casos en los que se podría aplicar la eutanasia que concluyen con sedaciones paliativas, lo que no se recoge en ninguna estadística. La ley, según ha indicado, ha dado "tranquilidad" a los profesionales para hacer esas sedaciones "sin tener problemas legales maliciosos".

Por su parte, Cristina Valverde se ha centrado en al documento de voluntades anticipadas, en el que, entre otros aspectos, se puede dejar reflejado si se quiere obtener ayuda para morir ante las situaciones previstas en la ley.

Hay tres maneras de que este documento sea válido: ante notario, ante tres testigos, o ante las personas encargadas del registro o del personal médico o de enfermería de los centros de salud.

Valverde ha asegurado que en los centros de salud solo se han validado el 4% de los 11.000 documentos registrados el pasado año y ha explicado que además, en muchos de los ambulatorios se remite a las personas solicitantes a las delegaciones territoriales de Salud a validarlo y registrarlo, donde ha dicho que la lista de espera para obtener cita es de un año.

"No es de recibo que haya que esperar una año ni que ante la demanda creciente no se hayan puesto más medios", ha denunciado. Por todo ello, en este caso también han pedido campañas de información en distintos formatos, así como más medios materiales y personales. Además, han propuesto que se incorpore a trabajadores sociales a esta labor.