Aunque parece que el Gobierno español está dispuesto a reformar el delito de malversación para que no se aplique a cuestiones políticas y se ponga fin a la persecución del procés catalán, es un escenario que se va a aclarar en las próximas horas, y el PNV no quiere generar más ruido ni contribuir a las especulaciones o las conjeturas. El grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados confirma a este periódico que no va a presentar este viernes “ninguna propuesta” sobre el delito de malversación. El viernes expira el plazo para registrar enmiendas a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar otro delito aplicado a los soberanistas catalanes, el de sedición, que será sustituido por uno de desórdenes públicos agravados. Aprovechando ese enganche, ERC registrará enmiendas para emprender una reforma quirúrgica de la malversación, y Pedro Sánchez se ha declarado abierto a estudiarlo, lo que parece apuntar ya a una negociación entre ambas partes. El PNV desconoce qué se va a presentar, y solo tomará posición cuando se haga público el contenido.
“Estamos a la espera de ver qué se propone. No nos vamos a posicionar por ahora”, zanjan desde el grupo parlamentario. El PNV no va a proponer por iniciativa propia que se reforme la malversación y no puede hablar tampoco de unas enmiendas que no conoce. En cualquier caso, es un defensor a ultranza de que los problemas políticos se resuelvan a través de la política, ha exigido el fin de la judicialización, y ha pedido abordar una reforma del modelo territorial atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia, una cuestión que forma parte de su acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. De hecho, el PNV y el propio lehendakari ya aplaudieron hace unos días la derogación del delito de sedición como un paso hacia adelante en esa necesaria desjudicialización y se mostraron dispuestos a facilitar esos pasos. A partir de ahí, se ha abierto un segundo debate, esta vez sobre la malversación, con unos límites muy delicados y rozando el terreno resbaladizo de la corrupción, lo que está planteando un problema de relato a las partes implicadas, a ERC y el PSOE, porque se podría lanzar un mensaje de laxitud y rebajas de condenas en puertas de las elecciones de mayo en los municipios y en varias autonomías del Estado.
En segundo plano
El PNV ve los toros desde la barrera en este caso, y esperará a que se clarifique el escenario y tanto ERC como el PSOE aclaren los términos del debate. Por ahora, el grupo jeltzale no quiere entrar a valorar si la reforma podría consistir en exculpar a aquellas personas que no hayan incurrido en un lucro personal, porque no quiere contribuir al ruido ni hacer conjeturas. Hablará cuando los papeles estén sobre la mesa. Hay otra segunda derivada sobre la que tampoco quiere pronunciarse aún, y es la posibilidad que señalan algunos ámbitos de que la reforma termine siendo un coladero para pedir rebajas en las condenas por corrupción, lo que supondría generar un fenómeno parecido a las rebajas en las condenas por delitos sexuales en la Ley del Solo sí es sí. El PNV no va a especular con ese escenario ni con ningún otro a la espera de ver cómo se plasma, y se mantiene en un segundo plano. “No sabemos ni de qué se está hablando”, recuerdan, en referencia a que no conocen las enmiendas de ERC ni la actitud que va a tener el PSOE ante ellas.
¿Enmendar otros delitos?
Por otro lado, el PNV no ha tomado aún una decisión sobre la posibilidad de enmendar otros delitos o artículos del Código Penal. Este es un flanco que quiere abrir Unidas Podemos de par en par con varias enmiendas para ir más lejos. El PSOE, por su parte, se ha mostrado dispuesto a estudiar las enmiendas de ERC sobre la malversación, y Sánchez se está esforzando en aclarar a la opinión pública que no va a repercutir en casos de corrupción, mientras en algunos ámbitos especulan con el caso del socialista Griñán o, en menor medida, con que los cabecillas de la trama Gürtel se agarren a algún resquicio como a un clavo ardiendo para pedir rebajas.
La derogación de la sedición
Este debate surgió tras el anuncio del presidente español de derogar el delito de sedición y modificarlo por otro desórdenes públicos agravados, de manera que las condenas para las autoridades públicas pasarían a situarse entre los 3 y 5 años de prisión, en lugar de la horquilla actual de 10 a 15 años. La inhabilitación quedaría rebajada hasta los 6 u 8 años, frente al abanico de 10 a 15 años que se aplica en el caso de la sedición. Este delito era una reliquia de siglos pasados y no era homologable a las democracias europeas del entorno, lo que ha brindado una percha al Gobierno español para emprender la reforma.
En cuanto a la malversación, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya dejó ver hace unos días en una entrevista concedida a Onda Vasca que su grupo no había tomado una decisión. “Cuando llegue ese puente, ya veremos si se cruza o no, y cómo lo cruzamos”, decía. Ahora, en puertas de que expire el plazo para registrar las enmiendas, el PNV ha optado por no presentar ninguna sobre la malversación y va a esperar a que los proponentes aclaren sus intenciones al respecto para pronunciarse con rigor.
