Los gobiernos vasco y español están redoblando el ritmo de trabajo para llegar a la Comisión Mixta del viernes de la semana que viene con un acuerdo cerrado y no tener que volver a aplazar las cinco competencias que están ahora mismo sobre la mesa, y que tienen que ver, sobre todo, con el pago de varias prestaciones de la Seguridad Social por cuidado familiar y desempleo. Este mismo viernes tendrá lugar una nueva reunión técnica, y así va a ocurrir prácticamente a diario, como explican fuentes del departamento de Autogobierno consultadas por Grupo Noticias. La consejera Maria Ubarretxena volvió a alertar el miércoles de que, aunque hay avances, siguen sin ser suficientes. Ya había dado muestras de que las discrepancias están bastante localizadas en la forma de financiar el pago de las prestaciones de la Seguridad Social, porque la comunidad autónoma vasca será la primera en asumir las funciones de la Tesorería General del Estado a la hora de pagar una prestación contributiva (la de desempleo), y sienta un precedente que puede dar cierto vértigo. 

En septiembre, se alcanzó un acuerdo provisional, una especie de apaño temporal, que suponía que el Estado iba a pagar cada mes a las instituciones vascas el dinero que invirtieran en esas ayudas. Es decir, las cotizaciones las seguirá recaudando la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Estado haría una transferencia por el coste efectivo que le supongan al Gobierno vasco estas prestaciones mensualmente. Por tanto, en ese momento no se alcanzó un acuerdo sobre la fórmula para gestionar el régimen económico de la Seguridad Social. Y, en efecto, el nudo gordiano de la negociación, según las fuentes consultadas, radica en hacer el pago con una fórmula basada en el coste efectivo, o bien hacer un descuento en el Cupo que paga la comunidad autónoma al Estado por las competencias no transferidas. También podría alcanzarse un acuerdo sobre alguna fórmula híbrida que permita realizar el traspaso respetando los acuerdos políticos firmados. Estos planteamientos están sobre la mesa, y es algo que ya reconocen públicamente voces socialistas, no solo del PNV. Lo hizo en la cadena Ser el propio vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, que será el encargado de gestionar estas prestaciones. 

Torres dio la sensación de hablar en pasado, como si la cuestión estuviera reconducida o en vías de solución. Dijo que “había una serie de reticencias en el cómo de la gestión por parte de alguno de los secretarios de Estado, que no veía claro que esa transferencia tenía que venir del modo que a nosotros nos gustaría”. Encuadró las discrepancias en si “algunos pagos tienen que ser por coste efectivo o vía Cupo” o sobre “cómo tiene que funcionar el órgano de coordinación intermedio”.

Por ahora, en las conversaciones hay avances, pero no los suficientes, a juicio del departamento de Maria Ubarretxena. La buena noticia para PNV y PSE es que, en este caso, según opinó Mikel Torres, hay una “sintonía total” entre los dos departamentos del Gobierno vasco y los documentos que han enviado al ministerio los han redactado de manera conjunta. Otra cosa es que esa sintonía no la tengan después “con algunos altos funcionarios” del Gobierno español, como reconoció Torres. Pero, ¿se ha resuelto esta cuestión? El vicelehendakari socialista lo dejó en que el Gobierno español responderá en los próximos días aunque, en una línea más optimista, añadió que los flecos que había antes “no son los que hay ahora” y ve más cerca el acuerdo.

Transferencias pendientes

La Comisión Mixta tendría que firmar el día 16 las transferencias de las prestaciones no contributivas por cuidado familiar, las prestaciones contributivas de desempleo y los subsidios no contributivos del paro, el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo que guarda relación con la salud laboral, salvamento marítimo y seguro escolar. Los traspasos de la Seguridad Social dependen de dos ministerios distintos, el de Elma Saiz (PSOE) y el de Yolanda Díaz (Sumar). Estos traspasos de la Seguridad Social en ningún caso supondrán que el Estado pierda su capacidad para legislar sobre la cuantía de las ayudas. Al margen de estos traspasos, quedan otros 16, como los puertos y los aeropuertos. El Gobierno español ha incumplido ya el plazo de 2025 para cerrar el Estatuto de Gernika.