El Pazo de Meirás ya forma parte del patrimonio del Estado, después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, haya hecho entrega del mismo a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que el inmueble es un bien público.
La Torre de la Quimera, la más alta del Pazo de Meirás donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, ha acogido el acto formal de entrega del inmueble, en el que no ha estado ningún representante de la familia Franco. "Suficiente con que entregaran las llaves", ha dicho a los periodistas la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey.
"Es un día que deja una sensación de justicia histórica", porque ha culminado con la devolución del inmueble "a las manos de las que nunca debió haber salido, que son las del Estado", ha subrayado la abogada general tras recepcionar la llave de Meirás, que ha entregado simbólicamente a Patrimonio del Estado, que desde este momento asume la gestión del inmueble.
Ha destacado también que en el día de hoy el pazo "ha vuelto a las manos de los ciudadanos gallegos".
"Se produce la feliz coincidencia de que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática encaja de manera muy especial con este día", ha añadido.
Acompañada por el jefe de la Abogacía del Estado en Galicia, Javier Suárez, además de otros representantes de la administración, la abogada general ha destacado el "enorme trabajo" realizado para recuperar este inmueble y ha precisado que, aunque es Patrimonio del Estado el que asume su gestión, se está estudiando con otras administraciones públicas este tema en esta fase provisional.
La sensación que ha reconocido tener, y que ha sido compartida por los presentes, es la de ser un "día histórico", porque, aunque la ejecución sea todavía provisional, el "valor simbólico e histórico" de la entrega de llaves a la Administración General del Estado como representante de todos los ciudadanos "nadie lo puede ignorar".
En principio, el contenido del pazo va a quedar tal y como está hoy hasta que haya sentencia firme y se pueda dilucidar en fase de ejecución de sentencia qué bienes están afectados por el pronunciamiento judicial y cuáles no.
Los técnicos redactores del inventario han comprobado visualmente su estado actual y se ha verificado que todo se correspondía con lo examinado el pasado 11 de noviembre.
No obstante, se ha aclarado en este acto por parte de la Abogacía del Estado que dos bienes que constan en el inventario, la Casa de las Conchas y el hórreo anexo a este inmueble, no forman parte de lo reivindicado por la Administración por hallarse extramuros, por lo que seguirán en manos de los Franco.
En todo caso y como hay determinados objetos que claramente son enseres personales, la jueza ha dado un plazo de 20 días para que los retiren.
Sobre los usos futuros del pazo y preguntada por si prefiere recordarlo como residencia de Franco o de la escritora Emilia Pardo Bazán, la propietaria originaria, la que lo ideó y construyó, la abogada general ha elegido a esta última, si bien ha matizado que "es evidente la presencia de 40 años de régimen dictatorial de este país".
"Me da pena que el paso de Franco por aquí hizo olvidar que esta fue la casa de Emilia Pardo Bazán" y que "lamentablemente esa etapa histórica a los ojos de la ciudadanía borró la huella" de la escritora coruñesa, aunque con este procedimiento judicial se haya logrado alumbrar lo que significó el pazo, que "fue centro de la vida cultural española en el siglo XIX".
No se puede olvidar el paso de la dictadura, "porque la memoria es importante", pero también resulta "imprescindible" rescatar la huella de Pardo Bazán.
Sobre la Casa Cornide de A Coruña, en manos de los herederos de Franco, la abogada general ha descartado reclamar su propiedad por no considerar que esté legitimado el Estado en este caso, pues si bien en determinado momento fue propiedad del Ministerio de Educación, el último propietario fue el Ayuntamiento de A Coruña, y además tampoco fue residencia oficial del jefe del Estado.
