madrid. No es sólo el proceso abierto por su investigación del franquismo, ahora también están plenamente confirmadas las imputaciones contra Garzón por los cobros en Nueva York (el jueves declaró ante el juez Marchena) y por las irregularidades en la orden de intervenir las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados en la cárcel. Ayer el Supremo confirmaba la admisión a trámite de la querella presentada por los letrados de Ulibarri y Correa por esta causa, y Garzón veía como su semana más negra se cerraba con nefastos augurios. El cargo por el que se le investigará en este caso es el mismo que en el del franquismo (que instruyó Luciano Varela), es decir, prevaricación o, en otras palabras, haber emitido las órdenes de escucha aún sabiendo que vulneraban el secreto de las comunicaciones entre abogado y defendido. El hecho de que el juez Pedreira, quien instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya anulara las pruebas obtenidas por esta vía, no beneficia en nada a las aspiraciones de Garzón de salir impune.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso de la Fiscalía contra la investigación abierta, dando luz verde así a la posibilidad de que el juez estrella deba enfrentarse a un nuevo proceso penal (si la instrucción así lo determina como en el caso del franquismo cuyo juicio ya está en marcha). La Fiscalía, órgano que depende del Gobierno, consideraba que las escuchas ordenadas por Garzón aportaron datos que fueron "claves" para la investigación. Ni el Supremo ni el TSJM han corroborado este criterio y de ahí la anulación de las pruebas obtenidas por esta vía y, ahora, la confirmación de la demanda por prevaricación contra Garzón.

argumentos La querella fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por Ignacio Peláez, letrado del empresario José Luis Ulibarri, aunque el pasado mes de marzo el Supremo admitió que se personaran como acusaciones particulares el presunto cerebro de Gürtel, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.

En su auto, la Sala Segunda del TS explica que la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones "no es totalmente descartable" en el momento actual e inicial del proceso, lo que impide, dice, el directo archivo de las actuaciones "sin perjuicio del que vaya a ser el resultado final" de las mismas.

No obstante, aclara que esto no significa tampoco "que ya pueda afirmarse la existencia de infracción alguna de relevancia penal", pues no toda irregularidad o decisión incorrecta de un juez supone un ilícito penal, ya que se necesita que concurran otros requisitos como su eventual gravedad, su "rotunda" contradicción con el ordenamiento jurídico y la presencia.

El auto, cuyo ponente es el juez José Manuel Maza, asegura que no debe sorprender que sean precisamente los presos de Gürtel y sus defensores quienes actúen como querellantes y que se atribuyan a sí mismos la condición de víctimas ya que "lo cierto e indiscutible en este momento procesal es la realidad de las dos resoluciones de Garzón en las que ordenó las intervenciones telefónicas" les perjudican a ellos. >dna