madrid. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, aseguró ayer que en la Ley de Gobierno Local se buscará el máximo consenso en torno a una nueva formulación legal que impida que formaciones ilegalizadas puedan formar grupo y gobernar un ayuntamiento. Esta iniciativa se basará en la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, con modificaciones para dotar de una mayor eficacia a la posible impugnación de candidaturas, "cuya condición fraudulenta se ponga de manifiesto".
Así, se pretende prohibir la presentación de candidaturas que "de hecho sean sucesoras o continuadoras de la actividad de un partido ilegalizado", explicó el vicepresidente tercero. La intención es ampliar la legitimación del Gobierno y del Ministerio Fiscal en el recurso contencioso-electoral, ante la posible impugnación de candidaturas presentadas por partidos, coaliciones o federaciones, y no sólo de agrupaciones como hasta ahora. Otra modificación es ampliar el plazo de presentación del recurso hasta el último día de la campaña electoral. También se introduce una nueva causa de "incompatibilidad sobrevenida" que concurriría en aquellos representantes electos en candidaturas ilegales por sentencia firme.
Chaves dijo que así se ofrece una solución para 26 municipios sin gobierno en la CAV y Navarra. El gobierno pretende acelerar la sustitución de vacantes de concejales "cuando el clima de violencia y coacción provocan la negativa de los ciudadanos a ocupar dichos cargos". En estos supuestos, se articula un mecanismo de cierre del consistorio para que el poder lo asuma el Gobierno foral o la diputación respectiva.
