Ocurrió a mediados de noviembre del año pasado, se denunció en diciembre pero hasta hace justo una semana no llegó a los medios. Ahí empiezan las mil y una diferencias del tratamiento de la brutal agresión sexual grupal que sufrió una niña ghanesa de 11 años en los baños de un centro comercial de Badalona. Sus cinco agresores son menores de entre 13 y 16 años pertenecientes a “familias desestructuradas”, según el eufemismo al uso. Por supuesto, no solo registraron con sus móviles su hazaña, sino que difundieron el vídeo a todo trapo por incontables grupos de Whatsapp. Las imágenes circularon durante semanas sin que nadie moviera un músculo. Tan seguros estaban los violadores alevines de su impunidad, que fueron a presumir ante el hermano de la víctima de la grabación en que se veía cómo la reventaban –expresión literal– y lo amenazaron con matarlo si decía algo.
Fue, en realidad, esta amenaza la que hizo que el asunto trascendiera. Después de que el programa de TV3 Planta Baixa ofreciera los primeros detalles, hubo algún conato de indignación que ha quedado en nada. No ha habido comunicados institucionales ni concentraciones de repulsa y solidaridad con la víctima. Desde el ministerio español de Igualdad, la única reacción ha sido la de la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. ¿Saben para qué? Para proclamar en Twitter lo siguiente: “En esta ola reaccionaria, el siguiente debate será la responsabilidad penal de menores de 14. Espero que las ‘soluciones’ esta vez no sean leyes penales que obedezcan a la alarma social”. No hay más preguntas, señoría en excedencia.
