El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado un expediente para reclamar a la empresa Schindler una indemnización cercana a los 500.000 euros por los daños ocasionados en las rampas mecánicas, escaleras y ascensores del espacio público durante los años en los que fue responsable de su mantenimiento.
El contrato obligaba a la empresa a garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones, consideradas un servicio público esencial para la movilidad y la accesibilidad de la ciudad. Sin embargo, durante meses se produjeron averías continuas, largas paradas y una falta de mantenimiento que afectó de forma directa a miles de vecinos y vecinas.
A lo largo del contrato el Ayuntamiento ya impuso numerosas penalizaciones económicas por incumplimientos reiterados que en conjunto superaron los 47.000 euros y que fueron descontadas directamente de las facturas mensuales de la empresa. Sin embargo, una auditoría externa encargada por el Consistorio ha puesto de manifiesto un problema de mayor calado: el deterioro acelerado de prácticamente todas las instalaciones, con componentes en mal estado y deficiencias que incluso podían llegar a ser peligrosas para las personas usuarias.
Como consecuencia de esta situación, el Ayuntamiento se ha visto obligado a realizar reparaciones urgentes y a planificar sustituciones que, de haberse cumplido el contrato, deberían haber sido asumidas por la empresa. Los servicios técnicos municipales han cuantificado estos daños en más de 410.000 euros sin IVA, lo que eleva la reclamación a cerca de 500.000 euros.
La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, se ha mostrado muy contundente al recordar que “la empresa sabía desde el primer momento que esto no iba a salir gratis. Estamos hablando de un servicio público esencial y durante meses no ha funcionado como debía por una falta evidente de mantenimiento. Las consecuencias para la ciudadanía han sido muy graves: personas mayores, con movilidad reducida o con carritos que se han encontrado con rampas y ascensores fuera de servicio una y otra vez. Eso no es aceptable”.
“Como Ayuntamiento hemos tenido que intervenir, invertir y reparar lo que la empresa no hizo. Hoy las instalaciones están en mejor estado porque hemos asumido unos costes que no nos correspondían. Y lo que hacemos ahora es defender el interés público y exigir responsabilidades a quien incumplió su contrato”, ha añadido.
Garantías legales
El expediente se inicia ahora con todas las garantías legales. A partir de su notificación, la empresa podrá presentar alegaciones y ejercer su derecho a recurrir. El Ayuntamiento analizará esas alegaciones, pero mantiene una posición firme: quien incumple un contrato público y provoca un perjuicio a la ciudad debe asumir sus consecuencias.
