- La escalada de los precios de la luz está a punto de generar un cambio de paradigma en la relación entre los grandes consumidores industriales y las compañías que les suministran la energía en sus procesos productivos. La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, aseguró ayer en Bilbao que ambos eslabones de la economía ultiman acuerdos a largo plazo que permitan a las fábricas tener un coste eléctrico estable y “a precio razonable”. Pese a las tensiones de las últimas semanas, las aguas vuelven a su cauce. De hecho, la también vicepresidenta tercera aclaró que Iberdrola ha renunciado finalmente a revisar las condiciones de los contratos de sus clientes industriales. Un gesto que ha abierto la puerta a una negociación que dará frutos “en breve”.
Ribera participó en una jornadas sobre el Futuro de la Ciencia y la Innovación organizadas en la capital vizcaína por el Gobierno español y la Comisión Europea. El Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento apoyaron también la iniciativa, que contó a su vez con el apoyo de las tres universidades vascas, UPV, Deusto y Mondragon.
El encuentro de ayer forma parte de un ciclo, Diálogos sobre el Futuro de España 2050, las bases de la modernización de las economía española. No fue casual que es escogiera Euskadi y en concreto Bilbao para el debate sobre los avances científicos y la innovación. Todos los ponentes destacaron la apuesta de las empresas e instituciones vascas por la I+D+i.
Al término de la primera parte del programa y tras participar en una mesa de redonda junto a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, la ministra afirmó en declaraciones a la prensa que confía en que en los próximos días se pueda alcanzar un acuerdo entre empresas energéticas y los grandes sectores electrointensivos para que el suministro no esté sujeto a los vaivenes del mercado.
Poco antes, durante su intervención en la inauguración de las jornadas, el lehendakari, Iñigo Urkullu, planteó al Gobierno español y a la Comisión Europea un “pacto de Estado” ante la crisis energética actual. Urkullu oficializó así su plan de choque, que, entre otras cuestiones, propone que el Estado asuma o elimine temporalmente los costes extraordinarios de la luz, los que no están directamente relacionados con la producción de energía. Además de la ministra Ribera, también estaba presente el vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. Y a los dos se dirigió directamente el lehendakari: “la crisis de la energía nos exige una mirada más innovadora” y “una política energética común” en Europa.
A preguntas de la prensa, la ministra Ribera explicó que su Gobierno “está estudiando” el planteamiento de Euskadi. “Es muy interesante que haya capacidad de análisis y propuestas” por parte del Ejecutivo vasco, del que también destacó su “voluntad de consenso”.
Con todo, la vicepresidenta tercera enfrió las expectativas en torno a la propuesta vasca con mayor capacidad para rebajar la factura a corto plazo: incidir en los costes extraordinarios de la luz. Teresa Ribera recordó que esos gastos se incluyeron en el recibo hace 25 años “por transparencia” y que hasta ahora ningún gobierno, tampoco los liderados por el PP, se ha planteado la posibilidad de que sea el Estado quien los asuma directamente.
En ese caso, añadió, los consumidores técnicamente no pagarían en la factura de la luz cuestiones como la compensación a Baleares y Canarias por no estar conectadas al sistema peninsular, el déficit de tarifa o las primas a las renovables, pero sí lo harían como “contribuyentes” a través de los Presupuestos Generales. Un supuesto que obligaría en opinión de la ministra a incrementar impuestos “para pagar esas facturas”.
La puerta no está cerrada del todo y Ribera instó a “quien quiera” avanzar en esa dirección a plantearlo en el Congres. Recordó en cualquier caso que el PP lo ha intentado tres veces y ha perdido la votación.
A la espera de ver cómo evoluciona ese frente en concreto, el plan presentado la semana pasada por el Gobierno Vasco cuenta con otras cuatro patas, que el lehendakari desgranó durante su intervención en las jornadas. La atención preferente a las familias más vulnerables, la necesidad de activar una política energética europea común que apueste, entre otras cuestiones, por garantizar unas reservas estratégicas de gas, acelerar la transición energética.
Y el último punto del “pacto de Estado” que plantea Euskadi contra la escalada de los precios de la energía es un “compromiso social y contribuir a sensibilizar a la ciudadanía en relación al ahorro energético, desde la crudeza del realismo y desde la obligación de actuar con responsabilidad”. La ministra hizo acuse de recibo del mensaje de Urkullu, cuya propuesta ya está analizando el Ministerio, y explicó a los periodistas la situación actual de la emergencia generada por el alto precio de la energía. Los analistas consideran que el gas -la causa del repunte de la factura eléctrica- seguirá en los niveles actuales hasta marzo o abril, pero la situación puede mejorar si se anticipa la venta de gas natural a Europa a través de la segunda tubería desde Rusia o si el otoño y el invierno son suaves y la bajada de la demanda de gas abarata su precio.
También puede registrarse el “peor de los escenarios”, que el mercado se “mantuviera tensionado y se alargara más” allá de abril la situación actual. “Es importante estar preparado para cualquier escenario, para poder garantizar el suministro y trabajar en los mejores precios posibles”, indicó. En este sentido, recalcó el interés de que las empresas cierren acuerdos de suministro a precio fijos “razonables y a plazos” que no estén sujetos a las oscilaciones de los precios del mercado. Según indicó como media los grandes consumidores de energía tienen un 20% de su consumo pactado.
El objetivo es elevar notablemente ese porcentaje y el Gobierno central mantiene contactos en ese sentido con ambas partes. “Estamos trabajando con un diálogo muy fluido y esperamos que a lo largo de los próximos días haya un acuerdo entre ellas y haya una oferta de suministro mayor”, explicó. En esa dinámica también ha ayudado la decisión del Ejecutivo español de flexibilizar el recorte de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, primando a las que alcancen acuerdos estables de suministro.