- El coronavirus ha regresado a las residencias de mayores en forma de contagios, ingresos y también de fallecimientos, aunque los elevados porcentajes de vacunación entre usuarios y trabajadores están restando gravedad a los brotes detectados. Para reducir aún más los riesgos, las empresas dedicadas a la atención de personas mayores reclaman la vacunación obligatoria del personal de los centros. Una medida para la que el Gobierno Vasco no dispone de instrumentos jurídicos y que aún “no es apremiante”.

La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), Cinta Pascual, pidió ayer al Gobierno español que sea “valiente” y establezca mediante una ley la obligatoriedad de vacunarse contra el covid-19 al personal de atención a personas vulnerables. En una entrevista en Radio Euskadi, Pascual recordó que otros países ya tienen normativa en esta línea y subrayó que “no nos pueden dejar a nosotros para que le digamos al personal si se vacuna, porque no nos cubre la ley”.

La presidenta de CEAPS explicó que el 95% de los profesionales del sector se ha vacunado, un dato que evidencia que “abogar por la responsabilidad ha funcionado”, pero hay “un 5% que no quiere por diversos motivos” y las personas no vacunadas son “un riesgo” en las residencias. Por ello, pidió al Gobierno español, “que es quien tiene la competencia”, que “sea valiente y no espere a ser los últimos de la cadena”.

Por su parte, el sindicato ELA, a través de un comunicado, defendió la idoneidad de la vacunación de toda la sociedad y, especialmente, del personal que trabaja con personas sanitariamente vulnerables. ELA indicó que la obligatoriedad de la vacunación requiere una regulación “que los poderes públicos no han querido modificar” y que el sindicato es “favorable a avanzar en dicha regulación”.

La formación sindical criticó que quienes “ahora pretenden poner el foco sobre estos trabajadores y trabajadoras, les habían dejado desde el principio sin protección adecuada ante la covid, y han venido gestionando la pandemia partiendo de la decisión de convivir con el virus en vez de erradicarlo”.

Preguntado sobre la necesidad de establecer la vacunación obligatoria del personal sociosanitario, el viceconsejero de Salud dijo ayer que “en primer lugar, no tenemos un instrumento jurídico como para poder obligar y, segundo, la necesidad tampoco es tan apremiante. La gente que no admite ser vacunada lo que sí tiene que hacer, y así se está haciendo, es cumplir unas medidas de prevención todavía más exhaustivas a la hora de atender a estas personas”.

José Luis Quintas explicó que los brotes en residencias son mínimos y alcanzan a siete centros en Euskadi, cuando existen más de 300, y no son muchos los afectados dentro de cada centro residencial. “Evidentemente, va a seguir habiendo casos porque las vacunas no protegen al cien por cien de los vacunados y porque no está vacunada el cien por cien de la población. Entre mayores de 70, 80 y 90 años, el porcentaje de vacunación es altísimo, rozando el cien por cien, y el de los trabajadores de esas residencias es un poquito inferior, pero también muy alto. No prevemos excesivos problemas en el entorno de las residencias de personas mayores”, subrayó.

En las últimas horas dos usuarios de residencias de Bizkaia han fallecido a causa del covid y otros dos se encuentran hospitalizados. En este territorio hay 44 residentes y 44 trabajadores con positivo confirmado. En Gipuzkoa hay un total de 39 positivos en residencias de mayores. Mientras que en Araba se han contagiado 25 residentes y un trabajador.