- A raíz de la noticia publicada en la edición de este martes por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, en la que se anunciaba que un informe contempla la posibilidad de incrementar en 19.600 las toneladas a recibir en Gardelegi tras el colapso de Zaldibar, el grupo municipal del PP de Vitoria reclamó ayer cambiar el reglamento del vertedero de Vitoria para frenar “este despropósito”. “No puede ser que los vitorianos paguemos las consecuencias por los incumplimientos y la falta de control de otros”, denuncia el concejal popular Alfredo Iturricha.

En opinión de este edil, la capital alavesa se ha convertido “en el basurero del País Vasco” tras la crisis y la catástrofe humana y ecológica en Zaldibar, pese a que “el vertedero de Gardelegi es para cubrir las necesidades de Vitoria no para que sea el basurero de Gobierno Vasco”.

Sin embargo, Iturricha volvió ayer a censurar, como más de una vez ha hecho en comisión, que ello se debe a que el gobierno de Gorka Urtaran participa de la “nefasta política” de residuos del Ejecutivo vasco. “Es a Gobierno Vasco a quien le corresponde la gestión de residuos y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no puede ser cómplice de esa mala gestión”, critica.

Al respecto, Iturricha argumentó que “primero dijeron 23 mil toneladas, y ahora van a asumir más del doble. Primero dijeron que iba a ser una cuestión temporal y de urgencia y ahora lo toman como definitivo. El PNV de Urtaran traga con todo al servicio de Gobierno Vasco y Vitoria tendrá que asumir unos costes futuros en los que Gobierno Vasco no paga y se va de rositas”.

Cabe señalar también que desde el Consistorio siempre han puesto por encima de todo que los residuos que entran en Gardelegi no tienen ningún tipo de peligrosidad y tampoco presentan indicio alguno del cancerígeno amianto. Por ello, la institución municipal respondió de manera favorable al llamamiento del Gobierno Vasco para abrir las puertas de su recinto y fijar un tope máximo de 23.000 toneladas anuales. Pero cuatro meses después, aquel cálculo quedó desfasado ante las necesidades de la demanda real de vertidos que asciende a 42.600 toneladas, según un informe técnico.