La finalización el próximo martes del plazo de presentación de alegaciones al reglamento de consultas populares de Vitoria ha llevado a gobierno municipal y oposición a pisar el acelerador de la caza y captura de un reglamento al gusto de todos. Durante los últimos días, EH Bildu, PSE, Podemos e Irabazi -el PP lo hará la próxima semana- han ido registrando hasta veinte enmiendas para concretar un reglamento de consultas que, según sostienen, deberían ser vinculantes, de forma que el Ayuntamiento acate la decisión de los vitorianos cuando estos sean llamados a las urnas y preguntados sobre proyectos e iniciativas a poner en marcha en la capital alavesa.

La mayoría de los grupos de la oposición quieren que la nueva normativa sea totalmente diáfana en este sentido y tenga en cuenta, además, la Ley municipal vasca, aprobada hace apenas unos días y que fija el rumbo a seguir por parte de las administraciones locales en las consultas populares y sus resultados. De cualquier forma, después de la aprobación de la nueva legislación en el Parlamento Vasco y tras constatar las reclamaciones de la oposición, el Ayuntamiento aseguró ayer que su intención “ha sido siempre respetar los resultados”, por lo que “en cuanto la Ley nos lo ha permitido, así lo hemos recogido en nuestra propuesta”. Según apuntan desde el Consistorio gasteiztarra, “aunque en el artículo 11 de la Ley de Bases de Régimen Local, a la que se ajustaba el borrador del reglamento que presentamos en noviembre, se plantea que los resultados de las consultas ciudadanas no vinculan a los órganos municipales, el alcalde Urtaran ha reafirmado su compromiso por respetar el resultado”, valoró Jaione Aguirre, concejala de Participación.

“No vamos a preguntar a la ciudadanía sólo para conocer su opinión, sino también para tenerla en cuenta”, incidió al respecto sobre una normativa que, salvo sorpresa, tendría como primera consulta en la ciudad la prohibición de celebrar corridas de toros. “La Ley Municipal amplía y mejora posibilidades en la reglamentación de la participación ciudadana. El objetivo siempre ha sido poner en marcha una herramienta para la participación con todas las garantías. Nuestro compromiso siempre ha sido, y así lo ha comunicado en reiteradas ocasiones el alcalde, respetar las decisiones ciudadanas”, insistió Jaione Aguirre.

Dentro de las peticiones para adecuar la reglamentación municipal, una de las más recurrentes hacía referencia precisamente a esta posibilidad de que las llamadas a las urnas que se realicen por asuntos de interés, fueran finalmente vinculantes. Así lo plantearon, por ejemplo, Podemos y EH Bildu. Jorge Hinojal, portavoz de la formación morada, ya apuntaba al hecho de que si una norma superior a la municipal contemplara consultas vinculantes, el Ayuntamiento debería asumir el resultado como obligatorio. En el mismo sentido se pronunciaba la coalición soberanista aprovechando y tomando como referencia la citada Ley Municipal.

Además, otro de los puntos que ambas formaciones ven necesario introducir en el reglamento es que los proyectos estratégicos que vayan a suponer un cambio importante en la ciudad, aquellos que conllevan una inversión relevante, superior a los cinco millones de euros, se sometan a votación en referéndum como medida de avance hacia unos presupuestos más participativos. Podemos, además, incluye en este punto las obras en ejecución cuyo coste sume en todas sus fases diez millones.

Por otra parte, y como el reglamento consultivo que sirve de base para la nueva Ley establece que no se podrán hacer consultas que vayan contra los derechos humanos o de los animales, EH Bildu introdujo un matiz a una de las alegaciones de Irabazi en la que ponía el acento en que esto únicamente sea en casos en los que la votación suponga un retroceso y no un adelanto, adelantándose al hecho de que uno de los asuntos que mayor interés despierta entre la ciudadanía y que tiene posibilidad de llegar a las urnas es el de las corridas de toros. En su opinión, si esto no se deja claro en la normativa podría llevar a confusión.

La coalición también incide en el punto del reglamento que permite a los partidos con siete concejales proponer una consulta, pues en su opinión debería puntualizarse que tienen que ser siete ediles de al menos dos partidos distintos, para que exista cierto consenso. En cuanto al PSE, lo que pretende con sus diez alegaciones es garantizar la transparencia de todo el procedimiento, así como el principio de neutralidad. Entre sus propuestas más destacadas está también la posibilidad de que los grupos propongan la convocatoria de consultas en proyectos de más de cinco millones de euros de inversión, una iniciativa que los socialistas llevan en su programa electoral.