Gasteiz - El lunes, el Síndico volvió a mostrar su desacuerdo con una multa de tráfico a raíz de una queja ciudadana. El caso es que en febrero del pasado año los agentes sancionaron a un trabajador que conducía un coche de una empresa llamémosla A, que no era la suya, ya que él estaba empleado en una empresa B, del mismo grupo. La notificación llega a la empresa A, donde estaba domiciliado el vehículo y ésta da el visto bueno, pero no informa al denunciado que, para más inri, es despedido del trabajo a los siete días y, por tanto, no se entera de nada hasta que el Ayuntamiento acude a la vía de apremio.

A la vista de los hechos, el conductor presenta un recurso, pero no se lo admiten, así que se encuentra en una situación en la que tiene que abonar la sanción, el recargo y, además, sin haberse podido acoger, por ejemplo, al descuento del pronto pago porque nadie le informó de que había sido multado. Ante este cúmulo de circunstancias, el defensor vecinal recomienda al Ayuntamiento que anule la denuncia. Argumenta Martín Gartziandia, entre otras cuestiones, que ni el Ayuntamiento ni la empresa A comunicaron la notificación al denunciado, con lo cual se le negó el derecho a reclamar, y tiene en cuenta, asimismo, que en el momento de la notificación ni siquiera era trabajador porque lo habían despedido. Además, en el caso del Ayuntamiento dice que comete un “error” en la notificación de la denuncia.

Sin duda, un caso complejo, pero no el único. Las quejas ciudadanas por las multas de tráfico en Vitoria copan y desbordan la agenda del Síndico. En lo que va de año, el defensor vecinal ha abierto 89 expedientes, ocho más que los 81 de 2014, lo que da pie a pensar que las quejas de los vitorianos aumentan, en general. De hecho, de enero a junio, 1.457 gasteiztarras han pedido amparo al Síndico ya sea por teléfono, email o acudiendo a su oficina, para solucionar sus cuitas con el Ayuntamiento. En algunos casos, lo consiguen; en otros, en cambio, el expediente se mantiene todavía abierto a falta de una solución. Pero cuando se analiza en qué ámbitos se sienten más desamparados los ciudadanos salen a la luz las multas por infracciones de tráfico. No sólo porque el conductor esté en desacuerdo con la denuncia sino también por errores de la Administración, en este caso del Ayuntamiento, en la tramitación y por el, en general, poco caso que se hace a los recursos interpuestos por el denunciado.

Echando un vistazo a los expedientes, llaman la atención, las decenas y decenas de denuncias relacionadas con multas y accidentes de tráfico en las calles de Vitoria, áreas ambas que competen a la Policía Local. Casos en los que los afectados se sienten impotentes porque el Ayuntamiento desestima o no hace caso a sus recursos; una impotencia que les lleva a solicitar la intermediación del Síndico que, en más de una ocasión, ya ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento por notificar las multas tarde, en domicilios erróneos... o remitir las órdenes de cobro sin que los recursos puestos por los denunciados se hayan resuelto. Incluso en octubre llegó a recomendar al Consistorio que implante un sistema de aviso previo a los conductores para darles la oportunidad de retirar el vehículo antes de que se lo lleve la grúa.

La casuística Los ejemplos son numerosos e imposibles de recoger únicamente en dos páginas. Algunos de los expedientes abiertos de enero a junio de este año ya se han cerrado, pero otros siguen abiertos. Como el caso de una ciudadana que en enero acudió a Hacienda porque le embargaron el saldo de su cuenta por impago de una multa, pero no le informaron sobre la infracción que había cometido. No conforme, decidió mirar el artículo correspondiente y comprobó que se trataba de una infracción por escándalo público. Sin embargo, su relato no coincide en absoluto con el de los agentes. Según explica la denunciada, iba por la calle con un amigo que llevaba la bici en la mano, pero una señora se tropezó con ellos y uno de los policías les dijo que “iban como locos”. Ella le dijo a su amigo “vámonos de aquí, que sólo quieren poner multas y recaudar dinero”; un comentario que no debió de gustar a los agentes porque a continuación les mandaron identificarse, si bien les explicaron que no habría consecuencias. Incluso el agente les dijo “por mi parte, no pasa nada, pero mis compañeros quieren ponerte una falta”, relata la afectada. Por ello, la mujer pensó que el asunto iba a quedar en nada y -se excusa- no recogió ninguna de las notificaciones procedentes del Ayuntamiento. Después llegó el embargo. Ella niega los hechos pero, al margen de los hechos, se considera víctima de “un abuso de poder”. El caso está pendiente del Síndico.

Ese mismo mes de enero, el Ayuntamiento embargó 244 euros a un conductor por aparcar en carga y descarga sin autorización. Presentó alegaciones y le respondieron con una serie de artículos. Presentó más recursos y, sin responderle, vía correo ordinario le notificaron el importe de la sanción, más gastos. Aun así, no conforme, decidió enviar una tercera carta certificada alegando que el Síndico ya había advertido al Ayuntamiento, ante la queja de otros ciudadanos, de que el cobro de multas se llevaba a cabo antes de que se resolvieran los recursos presentados por los denunciados.

Injusta también considera su sanción, calificada como grave, un ciudadano que en febrero acudió a la oficina del defensor vecinal por aparcar en zona peatonal para ayudar a su padre, minusválido, aunque este extremo lo considera independiente del caso. El argumento en su defensa es que no sabía que era área peatonal porque, en toda la calle, la zona peatonal y la calzada están separadas por pivotes, menos ahí. En la denuncia le acusan de infracción por obstaculizar gravemente el paso de peatones. Su resolución está pendiente del Ayuntamiento.

Pendiente del Síndico está el caso de una persona que prestó su coche a un conocido de fuera que aparcó en Los Herrán, frente a la farmacia del número 82, un día lluvioso, y la marca del suelo no se veía. Un agente le puso una multa, al cuarto de hora le pusieron otra y a los veinte minutos la grúa se llevó el coche. Solicita que se revise su historial, ya que en 30 años no ha sido sancionado y piensa que “lo único que querían era que la grúa se llevase el vehículo”. A otro conductor le llegó en marzo una sanción por estacionar en doble fila en la calle Tenerías obstaculizando la circulación (a las 22.30 horas, sin tráfico y en una vía con dos carriles en la misma dirección, puntualiza) mientras iba a acercar a sus sobrinos al bar de al lado porque llovía a cántaros. Argumenta que utilizó el tiempo justo, ya que incluso un conocido que pasaba por allí le informó de que se aproximaba una patrulla de la Policía Municipal. A pesar de que le vieron montarse en el vehículo y arrancar, le llegó la multa.

Infracciones. Entre los expedientes de este primer semestre que obran en manos del Síndico, destacan las sanciones por embargos por no pagar multas; aparcar en zona peatonal, carga y descarga, doble fila, plaza de discapacitados y zonas de vado.

Quejas. Las protestas de los ciudadanos hacen referencia en la mayor parte de las denuncias a notificaciones erróneas o inexistentes que les impiden recurrir o acogerse al pronto pago, y a multas que tienen que abonar sin que aún se haya resuelto su recurso.