El certificado de eficiencia energética es obligatorio desde junio, pero parece que aquí todavía no hay riesgo de multa en caso de no tenerlo. El motivo es uno de los más habituales en la relación entre Euskadi y Madrid. El Gobierno Vasco anunció este mismo fin de semana que, si las negociaciones con el Ejecutivo central a través de la comisión bilateral no dan sus frutos, recurrirá la ley de rehabilitación y regeneración urbanas "por invasión competencial". Esta normativa es la que contempla las sanciones de hasta 6.000 euros para quienes alquilen o vendan sus viejas viviendas sin la etiqueta 'green'. Además, introduce modificaciones en la ley de propiedad horizontal, en la de ordenación de la edificación y en el texto refundido de la ley del suelo, "colisionando" con las normativas vascas. El Gabinete de Iñigo Urkullu advirtió de que las renovaciones urbanas corresponden a los ayuntamientos y recordó que la inspección técnica impuesta desde el Estado ya está regulada en Euskadi. No obstante, está dispuesto a darse un plazo de negociación de seis meses con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para poder llegar a un acuerdo y no tener que entrar en guerra.
