Después de una lucha titánica, María Bueno ha conseguido que la hija que parió hace 43 años, uno de los miles de 'bebés robados', exista para el Estado con un nombre propio, también el de María, inscrito ya en el Registro Civil. Es lo único que tiene de ella. "Ahora empieza una nueva batalla, decirle al Estado que si está viva, la busque y que, si está muerta, me diga donde están sus restos", dice en una entrevista con EFE.
Una lucha que no terminará nunca
El certificado del Registro Civil que acredita desde hace una semana que la hija que alumbró, supuestamente sin vida, el 25 de diciembre de 1981 en el hospital municipal de La Línea de La Concepción (Cádiz) probablemente no le acercará a conocer que fue de aquel bebé que ni siquiera llegó a ver, como le ocurrió a la mayoría de las madres de los 300.000 casos que tienen registrados las asociaciones de 'bebés robados' en el Estado.
"Es una lucha que no va a terminar nunca", indica esta mujer, presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra) y de la Plataforma Internacional Te Estamos Buscando, que lleva 15 años buscando un rastro de su hija y peleando contra la "barbarie" y "el mundo oscuro" que arrebató a tantos bebés de sus madres para dárselos a otras mujeres.
Ella era en 1981 una estudiante de 20 años embarazada. "Yo quería tener a mi hija, ni para mi, ni para mi familia era un inconveniente que estuviera soltera. Estaba muy ilusionada", recuerda.
Su embarazo llegó a los nueve meses con total normalidad. Una semana antes de la fecha prevista para el parto sintió contracciones y fue a su ginecólogo. Para su sorpresa le dijo que su feto estaba muerto y que ella estaba en peligro de muerte. Con el susto, a nadie le extrañó que ordenara su ingreso en el Hospital Municipal de La Línea de La Concepción que gestionaban las Hermanas de la Caridad, cuando a ella le correspondía otro, y que dispusieran para ella de una habitación privada.
"Ese día fue para mi una tortura", cuenta mientras recuerda como cada poco tiempo el ginecólogo y dos monjas enfermeras le introducían un punzón metálico para que rompiera aguas y, después, forzaron su sedación.
Al día siguiente, el 25 de diciembre, despertó de la anestesia y vivió algo "terrorífico": "primero una monja asomó la cabeza y preguntó si me habían traído al bebé para darle el pecho y a los diez minutos entró otra monja con un niño Jesús de porcelana y me dijo 'dale un beso, él te consolará".
Como se repite en todos estos casos, no le dejaron ver el cuerpo: "A mi hermana le enseñaron un ataúd blanco y le dijeron que lo llevaban a una fosa común". Guardó ese dolor y siguió con su vida, estudió Derecho, se casó y tuvo dos hijos. "Tu no vas por la vida pensando que la gente es mala, no se me cruzaba por la cabeza pensar que me habían engañado", dice.
Hace 16 años leyó que el ginecólogo que la había tratado estaba siendo investigado por la Fiscalía de Algeciras por su supuesta relación con una trama de ochenta bebés robados en el hospital municipal de La Línea. Y ahí empezó su lucha por seguir el rastro de su hija.
Descubrió que el hospital no inscribió su parto, aunque sí el fallecimiento de su feto, y constató que tampoco en los registros del cementerio constaba como enterrada. Su caso, como el resto que investigó la Fiscalía de Algeciras, se archivó por prescripción. Pero ella no ha cesado en su empeño y lo ha llevado incluso a Naciones Unidas. "No puedo desprenderme de mi piel", afirma sobre su lucha.
Hace un año cayó en sus manos una nueva orden ministerial que en 2023 recogía la demanda de mujeres que habían perdido a sus fetos de más seis meses. Hasta entonces, como la hija de María, se inscribían en el Registro Civil, en un legajo de "criaturas abortivas" y la nueva norma permitía que lo fueran en un archivo de nacidos sin vida, con un nombre y datos de los progenitores.
"Fui al Registro Civil como una guerrera, con una carpeta con toda la documentación, yo quería que mi hija tuviera también el derecho a tener nombre", cuenta. Hace apenas una semana recibió el certificado que recoge que aquella niña se llama María. "No tengo nada más de ella", confiesa emocionada. Es "un hito histórico" en su batalla.
Un entramado terrorífico
Está previsto, según le ha comunicado el Defensor del Pueblo, que en este 2025 se ponga en marcha otro "hito" con la entrada en funcionamiento del Banco Estatal de ADN de las víctimas de la guerra y la Dictadura, que también incluirá los perfiles de afectados por sustracción de bebés.
"Si inicialmente se trató de una motivación política que tuvo como víctimas a los hijos de las presas políticas, auspiciada por el régimen franquista siguiendo la ideología de pureza racial, posteriormente se manifestaría en una forma de represión ideológica, moral, religiosa y de género que se cebó con las mujeres más vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras en un fenómeno que "se prolongaría a lo largo de décadas con propósitos económicos o de distinta naturaleza", escribe el Defensor del Pueblo.
"Fue todo un entramado terrorífico que cruzó todo el país aprovechando la vulnerabilidad extrema de las madres pariendo", afirma María Bueno. Lamenta que ellas sean "víctimas de quinta categoría" y reivindica que el Estado les pida perdón: "Podríamos así, al menos, sentir que estamos dentro de un Estado que nos ampara, una reparación".
