El ministro de Sanidad, José Miñones, ha convocado a los consejeros este viernes a un Consejo Interterritorial en el que, entre una quincena de asuntos, debatirán sobre la posible retirada de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios y en las farmacias.
El pleno del CISNS arrancará a las 17 horas, según el orden del día, designando al representante de las comunidades para las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la UE, tras lo cual repasarán la situación epidemiológica y vacunación frente a la covid-19 y adoptarán los “acuerdos que procedan” en esta materia.
Según el criterio de los expertos
Aunque no figura como tal en el orden, el propio ministro adelantó hace unos días que la idea era que la retirada de las mascarillas en los lugares que aún son obligatorias -centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias- se discutiera en un Interterritorial antes de que acabara junio.
Y dejo claro que la decisión, que en todo caso compete al Consejo de Ministros tomarla, se haría “con rigor” y “seriedad” y basándose en el criterio de los expertos de la ponencia de alertas sobre si el fin de su imposición se hace "de forma prolongada, de forma definitiva o de forma escalonada".
Uso recomendado pero no obligatorio
"Estamos más cerca de que sea un uso recomendado, más que obligatorio", vaticinó el ministro, que el mismo día avanzó también que a partir de octubre se iniciará la campaña de refuerzo de los mayores de 80 años y profesionales sanitarios con la vacuna española Hipra.
Otras cuestiones
Al margen de las mascarillas, el CISNS tiene previsto votar el viernes varios documentos, como el informe anual sobre Violencia de Género 2022 y el acuerdo de revisión y nuevas patologías y procedimientos para cuya atención se precisa designar Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud.
También el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos, médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeras y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos, por un importe de 57.229.053,17 euros, así como los criterios de distribución de fondos a las comunidades autónomas y al INGESA para 2023.
Asimismo, aprobarán el reparto de 579.175.000 euros a las comunidades y el INGESA para Atención Primaria y de otros 38,5 millones para salud mental.
Igualmente, sobre la mesa tienen el acuerdo por el que se amplía el plazo para la ejecución de las actuaciones previstas en el acuerdo de criterios para distribuir 13 millones para el sistema de información de la Red Vigilancia en Salud Pública y el reparto de 2,8 millones para estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas (incluido Esclerosis Lateral Amiotrófica).
