- Sensible con la injusticia social que supone el fenómeno de la exclusión bancaria, la Asociación de Municipios Vascos ha movido ficha y ha tomado la iniciativa. Dentro de unos días abrirá una ronda de conversaciones con las principales entidades financieras que operan en la CAV para buscar soluciones. La diplomacia política vasca muestra músculo y despliega las herramientas a su alcance para tratar de malograr una práctica empresarial puesta en tela de juicio.
Este trato discriminatorio parece tener los días contados después de que el Gobierno de España diera un mes de plazo a la banca para presentar medidas que garanticen el acceso y la atención presencial. Desde Eudel, su presidente Gorka Urtaran -alcalde de Gasteiz- expresaba ayer su preocupación por este fenómeno que de unos años aquí ha vaciado de sucursales y cajeros a los municipios pequeños. La consecuencia directa de esta estrategia de concentración de recursos en núcleos de población más grandes hace imposible (o casi) que miles y miles de personas con problemas de movilidad -debido a la edad o porque, simplemente, no tienen coche o no conducen- no puedan acceder a servicios tan básicos como sacar dinero.
Los grandes afectados son principalmente los mayores, pero nadie está a salvo de este proceso de desafección agravado por la pandemia y sus restricciones de aforo y distanciamiento social. Es por eso que desde Eudel no quieren esperar más y que esta brecha social y económica degenere en un escenario de despoblamiento, por ejemplo. “Garantizar la inclusión bancaria es necesaria para garantizar en condiciones de igualdad la vida de todas las personas, independientemente de su edad o del lugar donde residan”, resumía Urtaran. Él, como otros tantos alcaldes y alcaldesas de Euskadi, conocen de primera mano las quejas de sus convecinos. El riesgo de exclusión financiera “es una cuestión que inquieta”, apostillaban fuentes consultadas de la Asociación de Municipios Vascos.
No en vano, según los cálculos de un estudio publicado por el Banco de España a mediados del año pasado, unas 30.000 personas tienen condicionado su acceso a una sucursal bancaria y a los servicios ofrecidos. Algunas dependen del transporte público para desplazarse a otro municipio en el que sí haya oficina; otras de un familiar con vehículo que las acerque a la hora prefijada con el personal de la entidad; y las hay también que tienen que pagarse un taxi para irse a ese pueblo.
Fuentes de Eudel insistieron en su voluntad de colaborar e interceder con las principales entidades que operan en la geografía vasca en la búsqueda conjunta de mecanismos para extender el acceso a los servicios básicos financieros a las personas más vulnerables. El propio Urtaran, junto con los vicepresidentes de la Asociación de Municipios Vascos Nagore Alkorta -alcaldesa de Azpeitia por EH Bildu- y José Antonio Santano -alcalde socialista de Irun- estarán presentes en esas reuniones que se celebrarán en fechas próximas, cuando las agendas de todas las partes coincidan.
El propósito es conocer de primera mano el protocolo de medidas que el sector bancario pone sobre la mesa para mejorar la atención a esas miles de personas, privadas de su derecho a acceder a su dinero cuando lo deseen. Esos planteamientos serán debidamente analizados y confrontados por Eudel de cara a estudiar cuáles podrían ser las fórmulas “específicas y más adecuadas” para la realidad demográfica de Euskadi y su densidad demográfica.
“Eudel trabaja para gestionar las necesidades de una diversa realidad municipal”, apuntaban desde la Asociación de Municipios Vascos. No en vano, más del setenta por ciento de las localidades de Euskadi tienen menos de cinco mil habitantes y, según las conclusiones de aquel documento del Banco de España, la cuarta parte de los municipios de la geografía vasca no tienen acceso directo a ningún servicio bancario. En este sentido, tal y como anunciaron fuentes de Eudel, uno de los primeros pasos a dar en estas reuniones será actualizar el mapa de acceso a los servicios financieros en las zonas con menor población.
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Según un informe del Banco de España, una cuarta parte de los municipios vascos no disponen de cajero ni oficina bancaria, lo que supone que el 1,3% de la ciudadanía tiene que recorrer más de 5 kilómetros para obtener efectivo y realizar otras operaciones básicas.
251
La misión de Eudel es trasladar la voz de los 251 alcaldes y alcaldesas al resto de agentes de la sociedad, ilustraban fuentes de esta institución. Así, volverá a actuar como interlocutor común del ámbito local para “facilitar y agilizar las gestiones que permitan recabar la máxima cooperación por parte de las entidades bancarias, contando siempre con los ayuntamientos y resto de administraciones”.
