El decreto que declara la emergencia sanitaria en Euskadi ha entrado en vigor este viernes con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, lo que permite activar la ley antipandemia e imponer restricciones con las que el Gobierno vasco busca frenar la sexta ola del coronavirus en Euskadi.
En este texto, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dispone que se pueda constituir "de modo extraordinario" un nuevo Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) "para coadyuvar a la gestión de la pandemia" y todo ello "sin perjuicio de que la dirección del Plan acuerde designar o mantener otros, para otros fines legalmente establecidos".
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, será la coordinadora de este Consejo, que celebrará su primera reunión este viernes, y deciirá si tomar medidas inmediatas para frenar el avance de la pandemia. De ese modo, Jonan Fernández deja de ser la cara visible de la lucha contra el coronavirus en Euskadi.
Ocupación Uci
El decreto justifica la declaración de la emergencia sanitaria en el hecho de que "en la actualidad los indicadores de evolución de la pandemia" en Euskadi, así como "las previsiones conocidas" del entorno, junto con "la igualmente crucial situación del sistema sanitario" vasco, determinan que se ha superado "el nivel más bajo de alerta", con 55 personas ingresadas en las UCI y más de un millar de positivos diarios.
Asimismo recuerda que contra lo dispuesto en el decreto, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La decisión del lehendakari de decretar la Emergencia Sanitaria se ha tomado antes de que el Ejecutivo vasco haya recibido la notificación completa de la sentencia del Tribunal Supremo cuyo fallo ha avalado la implantación del certificado covid en determinados establecimientos hosteleros de Euskadi.
Ha sido este mismo viernes cuando la Sala ha hecho pública la sentencia que ha supuesto un varapalo para el TSJPV tras permitir finalmente el uso del pasaporte covid y justificar la decisión por ser una medida "proporcionada" y "necesaria", dando así la razón al Gobierno vasco.
