bilbao - La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que obliga al Gobierno Vasco a aumentar el horario de los profesores augura una vuelta al cole muy “caliente”. Todos los sindicatos del mundo de la enseñanza vasca (ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT) anunciaron ayer la convocatoria de huelgas y “fuertes” movilizaciones a partir de setiembre si el Departamento de Educación incrementa la jornada lectiva del profesorado y retrasa las sustituciones al décimo día. El fallo dictado por el alto Tribunal desestimando el recurso interpuesto contra las medidas de recortes impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 coloca al Ejecutivo vasco contra la espada y la pared puesto que incurriría en un supuesto de prevaricación.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, muy molesta con el fondo de una sentencia que vuelve a cuestionar las competencias vascas en la materia, confesó la semana pasada que el Gobierno Urkullu “no tiene otro remedio” que cumplir la sentencia. No obstante, avanzó que su Gabinete está estudiando la fórmula menos lesiva para acatar el fallo sin perjudicar la calidad de la enseñanza vasca. “Estamos analizando cómo hacer este cumplimiento, intentando minimizar los mayores efectos posibles”, dijo Uriarte. Así pues, el nerviosismo y el malestar han cundido entre las familias y los sindicatos. Y es que, según denunciaron ayer, la ejecución de la sentencia provocaría la pérdida de 3.000 puestos de sustituciones tanto y la sobrecarga horaria del profesorado fijo lo cual incidiría negativamente en las horas que dedican a preparar las clases y seguir la evolución del alumnado.

El fallo del TC implica el incremento de 2 horas lectivas en los ciclos de Infantil y Primaria en ambas redes (pública y privada), con lo que se pasaría de las 23 horas actuales a las 25 y de las 17 a las 18 en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, el decretazo Wert impedía cubrir las bajas hasta el décimo día y limitaba las contrataciones. Esta política de racionalización del gasto desplegada por el Gobierno de Mariano Rajoy a lo largo de la última legislatura se ha cobrado 30.000 puestos de trabajo, provocando una considerable pérdida de calidad en la enseñanza. Unicamente algunos Gobiernos autonómicos, como el andaluz o el vasco (entonces gobernado por los socialistas), se habían negado a aplicar la tijera en sus sistemas educativos haciendo valer sus competencias. Pero el TC ha dado un vuelco a la situación.

Mientras el Ejecutivo vasco da con una salida airosa a la encrucijada legal en la que se halla, los sindicatos han pasado ya a la acción. En un gesto bastante inusual en el ámbito educativo vasco, todos los sindicatos han decidido mantener una unidad de acción frente a la amenaza que se cierne sobre las plantillas. En una comparecencia conjunta celebrada ayer en Bilbao, todas las centrales adelantaron su intención ir a la huelga en caso de que el Gobierno Vasco acate la sentencia del Constitucional. Las cinco centrales sindicales subrayaron que “en ningún caso” van a permitir que se impongan, ni en el próximo curso ni en los siguientes, “estos nuevos recortes que golpean con contundencia nuestro ya perjudicado sistema educativo”.

En este sentido anunciaron que en caso de que el Gabinete Uriarte aplique estos recortes, en su totalidad o de manera parcial, iniciarán una fase de movilizaciones junto al resto de agentes educativos (asociaciones de padres, familias, alumnado, etc), para “responder de manera contundente” a dicha medida que consideran erosionaría aún más la calidad de la enseñanza vasca ya deteriorada tras años de “fuertes recortes”.

Responsabilidad del Gobierno En la rueda de prensa Xabier Irastorza (ELA), Iker Garin (LAB), Joseba Ander Muñoz (UGT), Pablo García de Vicuña (CCOO) y Susana García (Steilas) censuraron duramente la actitud demostrada por el Gobierno Vasco tras conocer la sentencia. “En lugar de buscar una respuesta conjunta, el Ejecutivo vasco ha hecho público desde el primer momento su intención de someterse a la sentencia. Además, ha demorado la decisión hasta las últimas semanas del curso con el fin de evitar cualquier respuesta contraria”, apuntaron. En opinión de las centrales, la aplicación del fallo del TC supondría “la renuncia a las ya de por sí limitadas competencias educativas y a los instrumentos de autogobierno”, motivo por el que han abogado por tomar decisiones que posibiliten desarrollar un sistema educativo propio”.

Los sindicatos no se cierran al diálogo con el Departamento, aunque dudan de la utilidad del mismo. Cuestionados sobre la posibilidad de que Lakua se reúna con ellos para abordar la sentencia, los sindicatos apuntaron que el Ejecutivo del PNV ha decidido ejecutar la sentencia sin consultarles, por lo que sospechan que “la intención del Gobierno no es precisamente contar” con ellos en este asunto. Este viernes llevarán a cabo concentraciones ante las tres delegaciones de Educación del Gobierno Vasco en las tres capitales y que en septiembre, al inicio del curso, convocarán huelgas y “fuertes movilizaciones” si se implantan los recortes.