Vitoria. El diputado del PNV Emilio Olabarria advirtió ayer al Gobierno central de que su partido "no renuncia" a buscar una salida al conflicto sobre Trebiño que incluya el respeto a la voluntad de los habitantes del enclave, para lo que incluso podría plantear la reforma de la Constitución. El político jeltzale compareció ante los medios de comunicación junto al presidente del PNV en Alava, Iñaki Gerenabarrena, para presentar las inversiones en el territorio que incluirán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a raíz del acuerdo alcanzado entre el partido nacionalista y el PSOE.

El diputado del PNV explicó que al margen de las medidas ya acordadas a cambio del apoyo de su partido a la estabilidad del Gobierno central -como las políticas activas de empleo o partidas presupuestarias concretas-, existen otros temas sobre las que ambas partes se han "comprometido a discutir".

Entre estas cuestiones, que reconoció que "no son sencillas", mencionó el contencioso de Trebiño. Olabarria advirtió de que el PNV "no renuncia a que se respete la voluntad de los ciudadanos" de esta zona a la hora de pronunciarse sobre el futuro administrativo del enclave, que ahora pertenece a la provincia de Burgos.

A su juicio, el problema de que se mantenga este "anacronismo medieval" es "la falta de coherencia entre el procedimiento de desanexión del Estatuto de Autonomía de Burgos y el procedimiento de anexión del Estatuto de Autonomía de Euskadi". Ante esta situación, indicó que hay que buscar una "vía" que sea "civilizada y razonable" y que permita llegar a "un punto de conexión que posibilite coordinar" los citados procedimientos.

Fórmulas más sofisticadas En el caso de que esto no fuera posible, afirmó que "habrá que buscar fórmulas más sofisticadas e imaginativas, que podrían llegar a reformas en el texto constitucional que posibiliten que los ciudadanos de un enclave no sean prisioneros de decisiones políticas arbitrarias de determinada comunidad autónoma". Por su parte, Gerenabarrena destacó que mientras el PNV aspira a lograr un acuerdo para respetar la decisión que adopten los trebiñeses, el Gobierno central ha afirmado que ésta es "una raya roja en la que no está dispuesto a transigir".