El Gobierno vasco sigue funcionando con normalidad tras anunciarse que el lehendakari Urkullu no repetirá como candidato en las próximas elecciones vascas, que se celebrarán en algún momento durante el primer semestre del año que viene. Iñigo Urkullu ha dado la consigna de centrarse en la producción legislativa y en arrancar los compromisos pendientes en materia de autogobierno al Ejecutivo español, con el objetivo de seguir sacando chispas a la legislatura sin distracciones, sin despistarse con las especulaciones sobre la fecha de las elecciones, y sin dar por muerto un ejercicio al que todavía le queda recorrido. Este martes se ha celebrado el primer Consejo de Gobierno tras conocerse que Imanol Pradales es la nueva propuesta de candidato a lehendakari por parte del PNV. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha encarnado este martes a la perfección el espíritu que pretende imprimir el lehendakari a estos meses poniendo sobre la mesa el proyecto de Ley de Transparencia, y anunciando que ya ha contactado con el nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para reunirse próximamente e impulsar con carácter prioritario las tres transferencias que deben cerrarse en tres meses en virtud del pacto de Pedro Sánchez con el PNV.
Si la semana pasada el portavoz Bingen Zupiria revelaba que Urkullu había dado la orden de retomar cuanto antes la relación con los nuevos ministros, sus consejeros le han tomado la palabra. Garamendi anunció que ha escrito ya una carta al ministro para mantener una primera reunión, y su gabinete ha contactado también con el equipo de Torres. La consejera quiso respetar los usos habituales de la cortesía política y dio unas jornadas de margen al ministro, pero con la “firme voluntad” de cumplir las tres transferencias urgentes, las referidas a los ferrocarriles, convalidación de títulos universitarios extranjeros y labores de acogida. Son las tres materias que están “singularizadas” en el acuerdo PNV-PSOE, si se utiliza el lenguaje de la propia ministra María Jesús Montero; y son materias que deben cerrarse en tres meses.
¿Cuándo comienzan a correr esos tres meses? Preguntada sobre ese particular, Garamendi dijo que el reloj comenzará a funcionar cuando el Gobierno español se asiente, realice todos sus nombramientos en niveles intermedios del organigrama, e inicie plenamente su labor ordinaria. “Vamos a actuar con buena fe”, dijo, en referencia al tiempo de gracia que ofrece a Sánchez, aunque añadió a renglón seguido que todo depende de las “voluntades” y que el acuerdo está ahí y “no admite gran demora”. “Espero que sea en los próximos días cuando nos pongamos a hablar”, abundó.
Además, recordó que el Gobierno español ya tiene sobre la mesa la propuesta vasca sobre trenes y títulos universitarios, y que hay “avances” sobre la acogida.
Aunque Garamendi hizo énfasis en estas tres materias, puntualizó que el resto de transferencias deben cerrarse en dos años y que también debe ponerse en marcha la comisión bilateral permanente para abordar esta cuestión, sobre la que ya existe un “reglamento”. El reglamento se perfiló al final de la anterior legislatura estatal, poco antes de las elecciones generales de julio, aunque se desconoce si las partes realizarán algún ajuste o actualización.
En general, la consejería trabaja sobre todas las materias pendientes, y lo hace sobre la base de las ofertas que la propia Garamendi envió de oficio, por propia iniciativa, al anterior Gobierno de Sánchez, entre las que se encuentran propuestas para que Euskadi asuma la gestión del litoral, la meteorología o el salvamento marítimo. Queda una treintena de materias pendientes en el Estatuto de Gernika si se cuentan por separado las referidas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
Pendiente de una reunión para la Ley de Vivienda
Por otro lado, se mantiene a la expectativa de que el Gobierno español concrete una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación para buscar una solución dialogada sobre la Ley de Vivienda estatal. Quiere una solución que permita salvaguardar las competencias vascas, un acuerdo que evitaría, por tanto, que Garamendi materialice el recurso al Tribunal Constitucional por vulneración del autogobierno. Garamendi constató que esa cita aún no se ha producido pero todavía “estamos en plazo”. La comisión se puso en marcha a través de un acuerdo firmado el 11 de agosto, y tiene de plazo seis meses para alcanzar una salida pactada que resuelva discrepancias nucleares como las condiciones que impone la ley para declarar zonas del mercado tensionado y poder limitar la subida de los precios del alquiler, y los porcentajes que impone para la reserva del suelo.
Legalmente viable
El Gobierno vasco tiene por delante aún unos meses que pretende exprimir para extraer todo el jugo, y legalmente podría, incluso, firmar transferencias una vez convocadas las elecciones. La Junta Electoral ya dictaminó tras una consulta de EH Bildu que es posible, y solo fija como límite que se haga un ejercicio de contención con la publicidad que se dé al encuentro entre los gobiernos. Bingen Zupiria ya avisó este martes de que este es un Gobierno que “no está en funciones” y que tiene intacta su capacidad para tomar decisiones. Es un mensaje que desactiva las intenciones de desgastar su imagen y presentar al gabinete languideciendo hasta el final en un ocaso de improductividad.
