Anticorrupción ya ha puesto la lupa sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el acuerdo para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el familiar directo de la presidenta madrileña y por el que habría cobrado 55.000 euros. Adopta esta decisión en un decreto “a la vista de que los hechos denunciados” por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia”.

En cuanto a la lideresa del PP, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, “los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios”, indica el decreto que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. “Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen ‘indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, precisa.

Las tres formaciones políticas mencionadas presentaron sendas denuncias de forma individual en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue esa adjudicación “a dedo” por 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, que a su vez habría abonado a Tomás Díaz Ayuso la cantidad citada. En el asunto planea además que el contrato era para comprar mascarillas FFP3 y FFP2, pero se adquirieron otras de un modelo más barato y por las que la Comunidad pagó más de lo que costaban en ese momento. A ello hay que sumar otros tres contratos del hermano de la presidenta que todavía no han sido desvelados, y que esa empresa que formalizó la compra no se dedicaba al sector sanitario. A la denuncia de Más Madrid se incorporan unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esa contratación.

Los grupos de izquierda en la Asamblea volverán hoy a la Fiscalía para ampliar la denuncia. El portavoz del PSOE, Juan Lobato, se mostró “muy decepcionado” con la presidenta porque les respondió a su carta en la que le instaban a comparecer en sede parlamentaria para dar todas las explicaciones asegurando que ya las dio incluso en un pleno monográfico. Por ello, han registrado un Pleno monográfico para el 4 de marzo que esperan que salga adelante. “¿Puede asegurar la presidenta que no hay más contratos de los enriquecimientos a su hermano y que no ha intermediado en ningún otro contrato adjudicado a dedo?”, lanzó el socialista. Mónica García censuró que el mismo día que más fallecidos se registraban en la Comunidad, más ingresos en hospitales y más camas de UCI utilizadas, se producían los citados contratos.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reiteró que “lo único que inquieta al Gobierno desde el punto de vista de la calidad democrática de nuestro país es que el PP sea incapaz de desprenderse de la corrupción y que esos mismos despachos que ya están sentenciados por corrupción sigan estando ocupados por personas que no se desprenden de esa lacra”.