- Un día después de que saliera a la luz el borrador del anteproyecto de la Ley vasca de Salud Pública, que en uno de sus puntos establece la obligatoriedad de vacunarse en caso de “riesgo urgente para la salud de la población” debido a pandemias o crisis sanitarias, los partidos vascos empiezan a marcar su posición al respecto. En el caso de Elkarrekin Podemos, cree “imposible” la posibilidad de imponer por ley la vacunación. El PP de la CAV se mostró más receptivo y, con una posición crítica hacia los gobiernos vasco y español, pidió más información sobre este proyecto de ley y que se abra el debate sobre medidas concretas como imponer la vacunación como un requisito para los trabajadores de residencias.
La opinión de la formación morada se esperaba de forma especial toda vez que llegó a un acuerdo con el Gobierno Vasco de coalición para apoyar la Ley Antipandemia el pasado junio en el Parlamento Vasco (EH Bildu, PP+C’s y Vox votaron en contra). Dicha ley estaba diseñada para hacer frente a la afección actual del covid-19, y la finalidad de la futura Ley de Salud Pública, que era uno de los compromisos del pacto de gobierno alcanzado por PNV y PSE hace un año, es dejar definido el margen de actuación frente a eventuales futuras pandemias.
Pese a que el acuerdo del pasado junio abrió la puerta a posibles nuevas colaboraciones de Elkarrekin Podemos con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, la portavoz parlamentaria de la formación, Miren Gorrotxategi, expresó ayer una opinión contraria al precepto que apunta la posibilidad de “ordenar” la vacunación, atendiendo a la normativa vigente, de forma motivada y con el visto bueno de la justicia. “No se puede obligar a nadie” a someterse a un tratamiento médico en contra de su voluntad, “y menos aún si se vulnera su integridad física, que es un derecho fundamental”, afirmó la líder morada. “Es imposible obligar por Ley a nadie a que se vacune”, añadió en declaraciones a los medios de comunicación.
Gorrotxategi comenzó calificando como “muy importante que la ciudadanía se vacune masivamente” para luchar contra la propagación de la pandemia. A su juicio, llegar a la denominada inmunidad de rebaño “es un objetivo obligatorio para los poderes públicos”, por lo que “vamos a hacer todo lo posible para que así sea”. En el debate abierto sobre la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria, dijo confiar “plenamente en el criterio científico”. Sin embargo, insistió en que “es imposible obligar por Ley” a la población a vacunarse.
La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos podía hacer referencia así a precedentes como el de la Xunta de Galicia, que impulsó imponer por ley la vacunación, previendo sanciones para quienes se negaran a hacerlo. Ante el recurso anunciado por el Gobierno español, el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo dio marcha atrás y subrayó el carácter “voluntario” de recibir el pinchazo frente al virus. Pero el alto Tribunal se pronunció de todas formas, cerrando la puerta a la posible obligatoriedad de esta medida. Hasta ahora, las resoluciones judiciales que han tumbado medidas anticovid de las comunidades autónomas han puesto el acento en que las competencias corresponden al Estado, así como en la primacía de regímenes excepcionales como el estado de alarma, que finalizó de forma definitiva el pasado 9 de mayo.
El anteproyecto de Ley de Salud Pública está en fase de exposición pública hasta el 31 de agosto. Se prevé que sea aprobado por el Consejo de Gobierno a la vuelta del verano, tras lo que iniciará su trámite parlamentario, incluyendo las conversaciones con los distintos grupos de cara a explorar su adhesión al texto. En el caso del PP, ayer dio algunas pistas con la petición de la secretaria general de la formación, Laura Garrido, de “mayor claridad” respecto a la posibilidad de establecer la obligatoriedad de la vacunación en pandemias. Puntualizó que “no me gusta hablar de obligatoriedad, pero sí de requisitos”.
En este contexto se enmarca su exigencia a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, de que comparezca en el Parlamento Vasco este mes de agosto porque así lo “exigen las circunstancias complicadas” por las que atraviesa la pandemia. Garrido también pidió que se abra un debate sobre la posibilidad de regular la vacunación como un “requisito” para los trabajadores de las residencias, en los casos de aquellos que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta.
En una comparecencia en Gasteiz, la parlamentaria popular consideró importante que “aquellos que trabajen en esos sectores puedan estar protegidos cuando cuidan a personas frágiles o de especial vulnerabilidad. Para eso hay que establecer un marco legal que lo permita y, en este momento, no lo tenemos”, lamentó. Criticó por ello a los gobiernos español y vasco, así como a PSOE y PNV, por no habilitar “una ley específica a nivel nacional que abordara las situaciones de crisis sanitarias y que supusiera a las comunidades autónomas un paraguas normativo para abordar medidas específicas”.
“No se puede obligar, menos aún si se vulnera la integridad física, que es un derecho fundamental”
Portavoz de Elkarrekin Podemos
“Hace año y medio que teníamos que tener una ley nacional que abordara las crisis sanitarias”
Secretaria general del PP de la CAV
