El PNV ha dicho acoger "con desagradable sorpresa y profunda contrariedad" la decisión del Tribunal Supremo de volver a juzgar a los procesados en el caso Bateragune, que "pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española".
En un comunicado hecho público tras conocer la decisión unánime del Tribunal Supremo de proceder a la repetición del juicio del 'caso Bateragune', el PNV recuerda que Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez "ya fueron juzgados sin las garantías procesales debidas" por este asunto, "por el que ya cumplieron de forma íntegra".
Por ello, asegura que acoge "con desagradable sorpresa y profunda contrariedad" esta decisión, "cuyos razonamientos jurídicos no han sido dados a conocer" pero que "pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española".
En este sentido, recuerda la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que en noviembre de 2018 "falló que los acusados habían sido privados del más elemental derecho a un juicio justo", lo que, en consecuencia, "dejó sin valor todo aquel proceso".
Por ello, el PNV añade que "se ratifica hoy" en la opinión que ha expresado "desde el inicio mismo de este proceso en la Audiencia Nacional". "Que constituyó un absurdo político-judicial sentenciar que todo era ETA en el mundo de la izquierda abertzale, que en el origen de los hechos se patentizaba una clara vulneración del derecho de reunión y que supuso un obstáculo innecesario en la normalización en la convivencia en Euskadi", afirma.
Según la formación jeltzale, "en la base doctrinal del 'caso Bateragune' se encuentra la Ley de Partidos, norma que contó con el rechazo absoluto del PNV". Por ello, advierte de que "ni hoy ni ayer han tenido sentido la exclusión política ni la limitación de derechos básicos de elección y organización, excepcionalidades que han hecho menguar los límites de un Estado democrático pleno".
Para la formación que lidera Andoni Ortuzar, "lejos de contribuir a maquillarla o a ocultarla", esta decisión del Tribunal Supremo "no hace sino poner de nuevo el foco sobre la larga lista de casos en que las más altas instancias europeas vienen fallando contra el Reino de España por la vulneración del derecho de las y los acusados a un juicio justo y por su falta de imparcialidad".
"Hoy urge más que nunca que la Administración de Justicia española acometa una profunda renovación de sus estructuras, funcionamiento y criterios de selección para equiparar sus actuaciones a los estándares procesales europeos en defensa de los Derechos Humanos", concluye.
