madrid - La inminente elección de un nuevo presidente del Tribunal Constitucional en sustitución de Francisco Pérez de los Cobos se ha convertido en una guerra soterrada entre tres candidatos conservadores: Andrés Ollero, Juan José González Rivas y Pedro González Trevijano.
Ollero partía como gran favorito. De hecho el apoyo del PP en el Senado al candidato socialista Cándido Conde-Pumpido allanaba el camino para que Ollero pudiera presidir la institución, a pesar de la negativa inicial de los negociadores socialistas a que esto ocurriera. Las mismas reservas que mantienen algunos magistrados del TC por el hecho de que éste haya sido durante 17 años diputado del PP y por su reconocido conservadurismo sobre todo con algunos asuntos relativos a la familia. Hay que señalar que se ha posicionado abiertamente contra la despenalización del aborto y contra el matrimonio homosexual.
Sin embargo, la presidencia de Ollero, que formaría parte de un pacto tácito aunque no reconocido entre el PP y el PSOE, está siendo ampliamente discutida. Las críticas recibidas por populares y socialistas por pactar los puestos del TC habrían hecho replantearse a éstos últimos su posible apoyo a Andrés Ollero.
Así, se apunta la posibilidad de que un sector del Gobierno de Rajoy es partidario de que el nuevo presidente del Constitucional sea Pedro González-Trevijano. De tendencia igualmente conservadora, este catedrático de Derecho Penal ha sido rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y en su día fue denunciado por encadenar tres mandatos seguidos en el centro académico cuando el máximo permitido son dos. Además, fue denunciado por un compañero que le acusó de intentar sobornarle para que retirara el recurso presentado contra su reelección al frente de la URJC. En su contra tiene el hecho de que no está en la etapa final de su mandato dentro del TC y, aunque es una norma no escrita, hasta ahora se ha respetado en el tribunal de garantías que el presidente sea elegido de entre los magistrados que están en esa etapa final.
Estas discrepancias abren la puerta a la opción de Juan José González Rivas, que previsiblemente estaría mejor visto por el PSOE. González Rivas también se ha posicionado repetidamente en contra del matrimonio homosexual.
La próxima semana, desenlace El mecanismo formal para la designación de la Presidencia se puso en marcha ayer cuando se reunió el Pleno del TC con carácter gubernativo para dar el plácet a la elección por parte del Senado de los cuatro nuevos magistrados. Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer sustituirán a los que ya han concluido su mandato, entre los que se encuentra el actual presidente Pérez de los Cobos y la bilbaina Adela Asúa.
La semana que viene, en fechas que fuentes próximas al TC sitúan entre el próximo martes o miércoles, tomarán posesión de sus cargos los nuevos magistrados, y es previsible que antes de que termine la semana se convoque el Pleno para la elección de nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Por esta razón durante estos últimos días se han intensificado las reuniones entre los posibles candidatos y sus compañeros para recabar apoyos de cara a la celebración del Pleno.
Vicepresidenta progresista En lo que sí hay un consenso entre los magistrados del TC es en que la vicepresidenta sea Encarnación Roca, cercana en su día al PSC. Fue elegida magistrada del Tribunal Constitucional en 2012, a propuesta del Parlamento de Catalunya y contó con el visto de bueno de Convergencia i Unió, hoy PDeCat. Fue la primera catedrática de Derecho Civil en el Estado español y la cuarta mujer que accedió al Tribunal Supremo, en el año 2005.
Pese a su perfil progresista, es una de las magistradas del Constitucional que firmó la suspensión de la ley de consultas y el proceso de participación del 9 de noviembre en 2014, lo que hizo que la Universidad de Girona se llegase a plantear retirarle el título de doctora honoris causa otorgado en 2012.
Además, fue la ponente de la sentencia que se dio a conocer en noviembre de 2016 en la que afirmaba que el artículo 1 de la Ley que prohíbe la celebración de corridas de toros en Catalunya es inconstitucional. Para el TC, esta norma incurre en un “exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas”. - E.P. / DNA