Pamplona - La exdirectora de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia Nieves dejó ayer al Gobierno foral tan tocado como hace 11 días cuando, citada por el Parlamento para explicar los motivos de su dimisión, descubrió numerosos intentos de injerencias y trato de favor por parte de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea.
Durante las 5 horas y 42 minutos que permaneció respondiendo a los grupos parlamentarios en la primera de las comparecencias de la comisión de investigación, constituida precisamente para aclarar el alcalce de las gravísimas revelaciones puestas de manifiesto el pasado 11 de febrero, Nieves no solo se ratificó en todo lo denunciado, sino que reforzó su testimonio con pruebas, abundante documentación y un testimonio muy creíble.
"Yo no miento; no tengo por qué inventarme esto", proclamó recién iniciada su comparecencia ante el portavoz de UPN, Carlos García Adanero, quien trataba de cuestionar que Goicoechea, siendo consejera de Desarrollo Rural, hubiera solicitado una copia del Plan de Inspección para conocer de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección figuraban clientes de la asesoría fiscal en la que trabajó antes de incorporarse al Gobierno. "Esto ocurrió así", aseveró Nieves frente a la afirmación de Adanero de que "no tiene pruebas para demostrarlo", al tiempo que recordó que dio cuenta de ello a "cualificadas personas" de su departamento.
Acorralado como está el Gobierno, la estrategia de UPN se limitó a tratar de demostrar que no nos encontramos ante un caso de corrupción, ni de ilegalidad, pero de nuevo el razonamiento de Nieves fue claro y contundente. "Incumplimos un plazo legal" al retrasar las devoluciones del IVA y, además, se tomó la decisión a sabiendas de que se incurría en "una ilegalidad tributaria", subrayó la compareciente.
Nieves, quien tuvo habilidad para no entrar ni en el juego de UPN ni en el de la oposición, precisó que su presencia en el Parlamento era consecuencia de que se filtrara la carta en la que resumía las causas que le llevaron a renunciar al cargo y cuya publicación en un medio no recogió correctamente las justificaciones que ella había ofrecido.
"Si no se hubiera producido esa filtración", de la que veladamente responsabilizó al Gobierno, "yo no estaría aquí", manifestó Nieves, que afirmó que su única intención era contar su vivencia al frente de la Hacienda Tributaria de Navarra.
llamadas de pruden y miranda La dimitida directora también reveló haber recibido dos llamadas de UPN, en concreto del gerente del Instituto Navarro del Deporte, Pruden Induráin, y del exconsejero de Economía Álvaro Miranda. "Fueron conversaciones amigables", dijo Nieves para rebajar la carga de presión que llevaban estos contactos, en los que le insinuaron que estaba en juego la continuidad del Gobierno.
El testimonio de Nieves, al igual que el ofrecido el 11 de febrero, resultó de una contundencia tremenda, pese a que apenas aportara novedades más allá de que en esta ocasión pudo aportar documentos y pruebas que corroboraron su relato.
Nieves dejó al descubierto el tradicional funcionamiento clientelar del Gobierno de UPN, para el que el amiguismo es válido siempre y cuando no lo desmorone una sentencia judicial. Ejemplos de todo esto son la "encolarizada" demanda de explicaciones por parte de Goicoechea ante el fallido intento de que la Universidad de Navarra fuera objeto de una inspección fiscal, o la petición de la consejera, por expreso requerimiento de Yolanda Barcina, de datos confidenciales sobre los pagos realizados por la extinta Caja Navarra a sus consejeros.
Preguntada al respecto, Nieves afirmó sospechar que la presidenta quería esa información de carácter protegido "para preparar su defensa" en el caso de ser imputada por el abusivo cobro de dietas. Hay que tener en cuenta que esa solicitud se realizó el 15 de abril de 2013, justo el día que el alcalde Enrique Maya fue a declarar al juzgado por esta controvertida cuestión.
Pese a que el Gobierno foral trata de minimizar los efectos de estas inaceptables intromisiones y basa su defensa en la ausencia de una sentencia judicial que evidencie que lo ocurrido en Hacienda es ilegal, la realidad es que el objeto de esta comisión de investigación es ver si hay argumentos para la exigencia de responsabilidades políticas.
A la vista de lo escuchado en las dos comparecencias de Nieves, no hay ni un motivo para que el PSN retire el ultimátum que dio a Barcina para que dimita y convoque elecciones o sea el grupo socialista quien impulse una moción de censura que ponga fin a la agónica situación del Gobierno. Toda la oposición, excepto el PPN que ayer hizo una cerrada defensa del Gobierno, defiende la necesidad del adelanto electoral.