a polémica abierta entre el hijo de José Ignacio Iruretagoyena, edil del PP asesinado por ETA hace 23 años, y la dirección del Partido Popular a raíz del homenaje realizado por esta formación el pasado sábado y la exigencia de la familia a Pablo Casado para que dejen de “vivir de las víctimas”, respaldada asimismo por Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, es mucho más que el simple contraste de derechos pretendido por la secretaria general del PP del País Vasco, Laura Garrido, cuando esgrime el del partido a homenajear a sus militantes asesinados por ETA por defender “las ideas del PP”. Sin poner ni un ápice de duda en que el partido que dirige Casado y que en Euskadi lidera Carlos Iturgaiz tiene, como otros, motivos para arrogarse la potestad de homenajear a sus militantes tras haber sufrido una dramática persecución terrorista, cabe sin embargo plantear al Partido Popular la exigencia de que acompase y supedite dicha potestad a los deseos de las familias de las víctimas y, desde luego, que tenga claro el orden de prioridades entre aquella y estos, algo que la ausencia de los Iruretagoyena en el acto celebrado en el cementerio de Zarautz hace cuatro días deja más que en entredicho. Que el Partido Popular ha fundamentado buena parte de su teoría y práctica política en una indiferenciada oposición al terrorismo que le llevó incluso a hacer sus acusaciones extensivas a quienes nada tenían que ver con él y que incluso ahora, una década después, sigue utilizando el término de modo indiscriminado y difamatorio para descalificar a quienes simplemente ejercen la política desde ideologías diferentes producía y produce claras distorsiones a las que ahora ni siquiera son ajenas las propias víctimas del terrorismo. No, no se trata de un problema de definición del patrimonio del dolor, tan dramáticamente personal que se hace difícil delimitar quién o quiénes deben o pueden atribuírselo y, con él, quiénes participan o no en la catarsis de la organización de actos de recuerdo y homenaje. Se trata de un problema de respeto a aquellos que más perdieron a consecuencia de una violencia irracional e inhumana, de evitar anteponer otros intereses a los de aquellos que poseen el derecho añadido de acompañar el recuerdo con la exigencia de que otros no lo sigan utilizando.