La propuesta planteada recientemente por el Banco Central alemán, el Bundesbank, en la que establece la necesidad de retrasar de manera notable la edad en la que los trabajadores deberían jubilarse al menos hasta los 69 años ha reabierto, una vez más, el debate sobre el sistema público de pensiones en Europa. Una estructura que, más allá de las características propias de cada país -y en ello el Estado español tiene problemas aún mayores- está en crisis en el viejo continente por varias y diversas razones, entre ellas y de manera fundamental, el creciente envejecimiento de la población y el aumento sostenido del desempleo. Es decir, que por una parte las personas que se jubilan cobran la pensión durante más tiempo y con una cuantía también creciente, mientras que las cotizaciones al sistema de Seguridad Social continúan a la baja. La propuesta de retrasar la edad de jubilación no es en modo alguno nueva. De hecho, ya está siendo implantada en muchos países. En el Estado español, en concreto, ya se ha puesto en marcha mediante un sistema progresivo, hasta llegar a la jubilación a los 67 años a partir de 2027. El Bundesbank, por su parte, considera urgente retrasar aún más y de manera más rápida la edad de jubilación, al constatar un riesgo cierto de colapso en el sistema a largo plazo si no se toman medidas. En efecto, en España el gasto en las pensiones de jubilación alcanza ya el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando hace solo unos años era del 7%. Sin embargo, el retraso en la edad de jubilación no es la única manera de atajar el problema, y -aún más importante- quizá tampoco sea la más eficaz. Así, un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que el envejecimiento de las plantillas de las empresas supone un lastre para la productividad de las mismas y, en definitiva, para la economía. Otras medidas sugeridas por algunos expertos, como la rebaja en el importe de las pensiones o la subida de las cotizaciones mediante un incremento de los impuestos tampoco ofrecen soluciones factibles y, sobre todo, socialmente aceptables. El gran problema es que, pese a la gravedad del asunto, los políticos parecen ajenos al debate, de manera que incluso en las actuales negociaciones para la gobernabilidad en el Estado ni siquiera se ha planteado un pacto o una propuesta concreta sobre ello. Y dejar pasar el tiempo es la peor solución, como ya se está comprobando.
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