El Ayuntamiento de Vitoria prepara el proceso de contratación para instalar seis cámaras de videovigilancia en el polígono de Jundiz, con el fin evitar las carreras ilegales y accidentes como el que el pasado 13 de enero le costó a vida a dos jóvenes vitorianos de 18 y 21 años, según ha podido saber DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA.
La instalación se materializará en unos meses, habida cuenta de los trámites que se deben superar tras la adjudicación, como la firma del contrato o la presentación del plan final de instalación.
En un primer momento, el Consistorio barajó la posibilidad de trasladar a Jundiz la ubicación de alguna de las 17 cámaras cuya compra se adjudicó hace varias semanas.
Sin embargo, técnicamente, y en base a las estipulaciones del contrato, no era viable ni suponía la mejor solución para el problema, por lo que se ha optado por una contratación al margen para la vigilancia de zonas donde puedan darse carreras ilegales, afirman fuentes municipales.
Se confirma así el compromiso adoptado hace varias semanas por el concejal de Seguridad gasteiztarra, Iñaki Gurtubai, de valorar la instalación de estos elementos para evitar que la tragedia del 13 de enero se repita.
Dudas con los badenes
En aquel momento explicó que también se estudiaría la posibilidad de colocar badenes sobre el asfalto para forzar a los vehículos a circular a la velocidad correcta, pero ya entonces mostró sus dudas con respecto a esta medida.
Desde el Ayuntamiento se insiste a día de hoy en que esos elementos perjudican, “sin que sea necesario”, a la circulación de transportes asociados al polígono industrial, como autobuses, camiones o vehículos empresariales. Se añade que además se han dado casos de vandalismo sobre los badenes, “por lo que su efectividad sería limitada”.
Una batería de medidas disuasorias que funcionan
La instalación de cámaras de videovigilancia y el recurso a otros elementos disuasorios en lugares en los que se celebran carreras ilegales ha demostrado ser un remedio efectivo para disuadir a los conductores temerarios de otros lugares del Estado, como adelantó DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA. Drones de vigilancia, arcos con cámaras capaces de leer matrículas, resaltos e, incluso, el achatarramiento de los coches apresados son solo parte del abanico de medidas adoptadas.
En Burgos, por ejemplo, las carreras ilegales de vehículos se habían convertido en una constante durante los últimos ocho años. Sin embargo, las instituciones locales han logrado reducir el problema a su mínima expresión hasta el punto de registrar el pasado año hasta seis meses completos sin ningún incidente de este tipo. La solución puesta en marcha en esta ciudad pasa por incrementar la presión policial en las zonas elegidas como circuitos y la imposición de fuertes multas a los participantes, a los vehículos modificados (también a los de los espectadores) y al público congregado para ver la evolución de los bólidos improvisados.
Todo ello ha surtido efecto. No obstante, la medida más eficaz parece haber sido el uso de equipos de drones armados con instrumental de visión nocturna y térmica.
También en carretera En otras zonas del Estado, las carreras ilegales han salido de polígonos para tomar carreteras de montaña, como la de la sierra de la Tramuntana. Para combatir estas prácticas, el Consell de la isla instalará a lo largo del presente año un sistema dotado con 17 cámaras de vigilancia en la red de carreteras de la serranía, preferentemente, en la MA-10.
Los equipos, de alta tecnología, podrán ver y grabar imágenes, contar vehículos, comprobar a qué velocidad se desplazan y discriminar según la tipología, es decir, si se trata de camiones, furgonetas, utilitarios, motos o bicicletas. Incluso, se ha llegado a valorar la posibilidad de habilitar sonómetros para medir los decibelios.
Por su parte, en la ciudad de Badalona también se ha tenido que actuar contra la velocidad extrema de los participantes en quedadas para derrapar o exprimir el motor del vehículo. En aquel municipio catalán su Ayuntamiento ha decidido instalar bandas reductoras en los viales de barrios como Pomar, muy afectados por los ruidos generados en carreras ilegales.
Tras la adopción de la decisión, las brigadas municipales han recibido la instrucción de construir barras de cemento en el polígono. Con ello, se pretende ahuyentar a quienes toman parte en este tipo de prácticas.
En Salamanca, por su parte, las actuaciones han pasado por exprimir la presión policial en las zonas afectadas y por la instalación de radares habilitados para controlar la velocidad en las calles mediante la grabación puntual de los infractores para su posterior denuncia.
El accidente mortal
Fue el 13 de enero, en torno a la 1.30 horas de la madrugada, cuando un Volkswagen Polo en el que viajaban cuatro jóvenes se incorporó a la calle Jundiz y fue arrollado por un BMW de alta cilindrada que competía con otro coche a “extrema velocidad”, según Gurtubai.
El BMW embistió el Polo en un lateral, el vehículo salió despedido y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior. Los dos jóvenes fallecidos, Cristian e Izaro, tenían de 21 y 18 años, y el conductor del coche de alta gama, de 23 años, sufrió heridas leves y dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.
En un primer momento, Gurtubai no confirmó que se tratara de un incidente relacionado con las carreras ilegales habituales en la zona, pero sí con una “quedada de jóvenes en busca de adrenalina vinculada con la velocidad y los coches”. Días más tarde, con la investigación más avanzada, la Policía Local detuvo al conductor de un tercer coche, otro BMW identificado por las cámaras de las empresas de la zona, que competía contra el otro vehículo de gran cilindrada en una carrera ilegal.
Ambos conductores comparecieron ante el juzgado de guardia de la capital alavesa y, tras prestar declaración ante el juez, quedaron en libertad provisional, con el carnet de conducir retirado y la obligación de presentarse todas las semanas ante el magistrado instructor del caso.
Los conductores de los dos coches implicados en la carrera ilegal se enfrentan a sendos delitos de “conducción temeraria con manifiesto desprecio para la vida de terceros en concurso, con dos delitos de homicidio por imprudencia grave”.
El suceso arrojó luz sobre un fenómeno clandestino que principalmente tiene lugar en Jundiz, pero también en la calle Miravalles del polígono de Gamarra o en los pueblos de los alrededores de la capital alavesa. También en Salburua, donde la nueva zona comercial se ha convertido en un nuevo lugar para exhibir coches modificados, lo que este mismo otoño llevó a los vecinos de la zona a protestar por los ruidos que generan estas quedadas en plena noche.
