Revés judicial al Consistorio gasteiztarra en su conflicto con los propietarios de terrenos en el alto de Uleta que pretenden la urbanización de cerca de 300 chalets unifamiliares en la zona.
La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Vitoria acusa al Ayuntamiento de no dar respuesta desde 2010 al proyecto de reparcelación del sector 17 donde se ubican los terrenos en litigio, un trámite administrativo que el mismo Consitorio había reclamado a los propietarios para permitir su proyecto de urbanización y construcción de 300 viviendas.
Un silencio administrativo por el que los promotores del proyecto urbanístico pidieron explicaciones un año más tarde, en 2011, sin obtener respuesta. Diez años despúes, en 2021, los propietarios de los terrenos de esta zona de Armentia retomaron sin éxito las gestiones.
En febrero de 2022 y sin haberse resuelto los trámites adminstrativos pendientes y que han motivado esta sentencia, los propietarios iniciaron los trabajos previos a la urbanización de esta zona pese a la prohibición del Ayuntamiento.
Tras tener conocimiento de que los propietarios del sector 17 habían iniciado las obras -una fase previa a la construcción de 294 viviendas en la zona-, la Policía Local se personó en los terrenos para notificar a sus responsables que los permisos se encuentran, a día de hoy, suspendidos por orden de la Junta de Gobierno Local.
Terrenos no urbanizables en el nuevo PGOU
El juez recoge en su sentencia, contra la que cabe recurso, que los dueños de la parcela tienen derecho desde 2010 a contar con ese documento que el Ayuntamiento les solicitó y al que luego no dio resolución ni positiva ni negativa. Ana Oregi, concejala de Territorio y Acción por el Clima ha confrmado que el Consitorio gasteiztarra recurrirá la sentencia.
Los terrenos en disputa han quedado desclasificados como urbanizables en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo aprobación inicial se ha alcanzado este mes de febrero y por ello, sus dueños reclaman indemnizaciones en otras tres demandas que están ya en el juzgado.
Los promotores aseguran que en caso de que los tribunales les den la razón, la indemnización por parte de el Ayuntamiento podría alcanzar los 32 millones de euros, una cifra que desde el Ayuntamiento niegan y tachan de mensaje interesado por parte de los propietarios.
El Consistorio justificó en su momento este cambio de suelo urbanizable a no urbanizable en el nuevo PGOU en los planes de futuro e intereses de la ciudad y en que los propietarios no habían mostrado intención de urbanizarlos durante 13 años, algo que queda en entredicho tras esta sentencia judicial.
