La situación entorno a los terrenos de Uleta continúa embarrada. Los propietarios del sector 17 de Armentia se agarran al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para demandar la urbanización de cerca de 300 chalets unifamiliares, mientras que el Ayuntamiento mantiene su intención de desclasificar los terrenos, en base a los criterios del futuro PGOU que se rige por “no consumir más suelo” urbano. Este tira y afloja, que prosigue su camino por la vía judicial, vivió ayer un nuevo capítulo en la comisión municipal de Territorio en la que el Partido Popular reprendió al Gobierno municipal por “judicializar al Ayuntamiento” con la “posibilidad de tener que afrontar indemnizaciones millonarias”.
El concejal del PP Miguel Garnica acusó al Gobierno municipal de haberse metido en un “lío considerable”, únicamente por su “orgullo” y “prepotencia”, causando “una inseguridad importante” al Consistorio. “Hay tres procedimientos abiertos en el juzgado, al que se sumará un cuarto”, alertó antes de asegurar que “no prima la ley” en el procedimiento y, por tanto, “va a haber que afrontar indemnizaciones”. Un asunto que la concejala de Territorio, Ana Oregi, rechazó al garantizar la “total seguridad jurídica” del Ayuntamiento en este asunto. “Nos hemos dotado de todos los informes jurídicos necesarios. Defendemos el interés público y el mandato del Pleno para dar contenido al documento de criterios y objetivos” del futuro PGOU.
Oregi explicó que la situación jurídica en el sector 17 de Armentia es “un suelo urbanizable sometido a una suspensión de licencias en base a los trabajos de redacción del plan general, tal y como dice la Ley del Suelo”. “Nuestra fortaleza reside en que defendemos el urbanismo como bien público”, argumentó. “Seguimos los criterios objetivos en coherencia con la emergencia climática y los retos que tenemos que afrontar”, remarcó Oregi. La concejala de Territorio lamentó que al Partido Popular “le interesen más los derechos de unos propietarios concretos que la ciudad”; mientras que Garnica censuró que el Departamento continúe con “la suspensión de licencias” que acarreará consecuencias negativas para la administración local.
Recursos
La situación entre los propietarios de los terrenos del Alto de Uleta y el Ayuntamiento de Vitoria ha derivado en una interposición de hasta tres recursos presentados ante el Contencioso Administrativo y la firme intención de incrementarlo con un cuarto. El próximo 29 de noviembre es la fecha tope para recurrir la decisión de la junta del pasado mes de junio en la que resolvieron sacar a concurso la ejecución íntegra de la urbanización de todo el sector, valorada en más de 30 millones de euros. Los propietarios de los suelos decidieron dar un nuevo paso al argumentar el Gobierno municipal que no podían adjudicar una parte de la obra. Ante ello, determinaron adjudicarla entera, con todas las parcelas. Las constructoras mantienen su exigencia de recibir indemnizaciones si el Ayuntamiento desclasifica los terrenos y revierte la condición de solares urbanizables en el nuevo plan general. Entienden que el cambio en la política urbanística implica indemnizar a los propietarios de los terrenos clasificados, mientras que los informes jurídicos a los que se aferra el Consistorio sostienen que no procede indemnización alguna. En su día se planteó la posibilidad de realizar una permuta en los terrenos, pero visto el pulso y las diferencias entre ambas partes, esta posibilidad parece hoy en día descartada.
PGOU
La concejala de Territorio se comprometió ayer a aprobar inicialmente el nuevo PGOU en “febrero”, a pesar de no poder garantizarlo, ya que requiere de una mayoría que el Gobierno municipal no dispone. Por ello, volvió a demandar el apoyo de la oposición. “Cuento con todos ustedes porque si no hacemos la aprobación inicial vendrán los males del infierno”, avisó.
