Algo más de 13 años de recorrido y tres alcaldías de diferente color político han marcado la cronología del conflicto entre los propietarios de los terrenos de Uleta y el Ayuntamiento de Gasteiz, que vivió ayer el que a buen seguro no será su último capítulo con el revés judicial al Consistorio.
El litigio se remonta a las navidades de 2009, en el ecuador del único mandato del socialista Patxi Lazcoz.
En concreto, corría el 30 de diciembre de ese año cuando el Ayuntamiento aprobaba la reparcelación del sector 17 de Armentia y solicitaba a los promotores de los 294 chalés unifamiliares el texto refundido de dicho procedimiento, un trámite imprescindible para que pudieran empezar la urbanización.
Los propietarios entregaron el documento apenas tres semanas después de la solicitud, el 22 de enero de 2010, pero el Consistorio dio su primera callada por respuesta.
Silencio administrativo
Pasaron casi dos años y, ya el 15 de diciembre de 2011, con el popular Javier Maroto como primer edil, los promotores reclamaron al Ayuntamiento el pertinente certificado del silencio administrativo, de nuevo sin obtener ninguna contestación desde los despachos municipales.
El proyecto se quedó en el congelador durante prácticamente una década, hasta que los constructores volvieron a dirigirse al Consistorio en el ejercicio 2021, apoyados en esos diez años de silencio administrativo, para tratar de retomarlo.
Los actores habían cambiado de nuevo en el gobierno local, ya en manos del jeltzale Gorka Urtaran por segunda legislatura consecutiva, pero tampoco se produjeron cambios en el procedimiento.
Urbanizar o desclasificar
Con el debate en torno a la urbanización o la desclasificación del sector 17 ya candente en los distintos foros municipales, el ejecutivo PNV-PSE daba luz verde el 14 de enero de 2022 a la suspensión de las licencias para construir en sectores no urbanizados de la ciudad durante un año.
Esta solución provisional, con la que el Ayuntamiento buscaba blindarse jurídicamente mientras llegaba la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), fue a la postre el punto de partida para la escalada que ha vivido el conflicto durante el último año largo.
Los propietarios ponían en marcha en febrero la maquinaria para adjudicar las obras de urbanización parcial de la zona y la construcción de un tramo de la denominada ronda sur y demandaban además al Consistorio por no haber contestado más de doce años después al texto refundido de la reparcelación.
Excavadoras y Policía Local
El pulso fue a más cuando, ya el 23 de marzo, las excavadoras entraban en Uleta y los dueños iniciaban los trabajos previos a la urbanización del sector, que eran inmediatamente paralizados por la Policía Local entre las críticas de Urtaran. El alcalde tildaba la actuación de “impropia” y “fuera de la legalidad”.
Los promotores presentaban en octubre su cuarta denuncia contra el Ayuntamiento por no permitirles urbanizar antes de que, ya el 27 de enero de este 2023, el gobierno municipal diese luz verde a una aprobación inicial del PGOU que salió finalmente adelante gracias al apoyo de Elkarrekin.
El documento, a la postre, desclasificó los terrenos del sector 17, que pasaron a ser no urbanizables.
