Finalmente, serán 222 trabajadores de la planta de Amurrio y 63 de la de Trapagaran los afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de Tubos Reunidos, 285 trabajadores frente a los 301 previstos en la primera propuesta. Así consta en el ERE registrado por la dirección el lunes por la tarde ante la autoridad laboral, que mantiene asimismo el cierre de la acería de la factoría alavesa y la externalización de la logística.
Según confirmaron fuentes de la empresa, las primeras salidas comenzarán a partir del próximo martes 31 de marzo. Estas primeras bajas afectarán a los 80 eventuales –70 de la planta de Amurrio y diez de la de Trapagaran– encuadrados en el ERE. El resto de despidos se irán ejecutando progresivamente hasta junio de 2027.
Hace apenas una semana, Tubos Reunidos comunicó que había logrado las adscripciones voluntarias para cubrir las 301 bajas previstas en su plan de viabilidad. Finalmente, son 205 los trabajadores indefinidos que se han adherido a estas bajas incentivadas –152 de la factoría de Amurrio–, a los que se suman los 80 trabajadores eventuales.
Dado que en la planta vizcaína se han acabado sumando más bajas voluntarias de las 27 inicialmente previstas, la empresa ha ofrecido traslados de Amurrio a Trapagaran, que pueden suponer una vía de retorno para algunos empleados que en 2019 fueron trasladados de Bizkaia a la factoría alavesa cuando Tubos Reunidos cerró la acería de Sestao.
Mejora la oferta para los eventuales
Según confirmaron fuentes de la empresa y sindicales, se mantienen las condiciones ofrecidas para las bajas incentivadas, aunque mejoran para el grupo de eventuales, aumentando la indemnización en tres días, hasta 33 por año trabajado, con un tope de doce mensualidades.
El resto de las condiciones se mantienen en los términos presentados en la última reunión entre empresa y comité del pasado día 20. Se prevén prejubilaciones entre los 57 (incluidos los que cumplan esta edad hasta diciembre de este año) y 62 años, con un plan de rentas al 70% del salario bruto –incluyendo pluses y EPSV– hasta que el trabajador cumpla 63 y CESS hasta los 65. Para los mayores de 63 años, se planteó una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
Para el resto, se estableció 45 días de salario por año trabajado con límite de 24 mensualidades, más 1.500 euros por año hasta un máximo de 10 años.
Pendientes de las posibles impugnaciones
Estas condiciones estarán ahora pendientes de si la parte sindical decide judicializar el ERE. En las primeras reacciones tras conocer el registro del expediente ante la autoridad laboral, ELA y ESK se mostraron abiertamente a favor de impugnarlo y LAB explicó que está analizándolo jurídicamente sin descartar “ninguna vía de actuación en defensa de los derechos de las personas trabajadoras”. Fuentes de UGT de la planta de Amurrio citadas por Europa Press también insistieron en que “analiza y valora” cómo enfocar una posible impugnación.
“Al final no nos han dejado otra opción, impugnaremos el ERE y lucharemos hasta el final”, ha afirmado Zuriñe Miranda, delegada de ELA en Tubos Reunidos Amurrio, en el marco de una concentración en Laudio de los comités de empresa de Tubos Reunidos y Maderas de Llodio, junto con SOS Aiaraldea, coincidiendo con un nuevo encuentro esta mañana de la Mesa para la Reindustrialización de Aiaraldea.
En este sentido, LAB ha insistido en un comunicado en cuestionar “de raíz la supuesta voluntariedad” de las bajas “tras semanas de presión, incertidumbre y mensajes alarmistas”. “Entendemos que la lucha continúa, que todavía no podemos parar hasta salvar la acería, conservar la logística y asegurar el futuro de todos los puestos de trabajo de Tubos Reunidos”, han subrayado asimismo fuentes de ESK citadas por Europa Press.
Se desmarca de estas posiciones CCOO, que se reafirmó en que la plantilla de Tubos Reunidos de Amurrio debería “hablar y opinar” sobre el mantenimiento de la huelga indefinida y todas las “decisiones de importancia”.
La plantilla está convocada el miércoles a la mañana a una manifestación en Gasteiz, coincidiendo con la reunión prevista entre comité y empresa con la Inspección de Trabajo, que elaborará su informe en unos días. La empresa cuenta con este ERE como “el primer paso” para avanzar en su plan de viabilidad que tiene su principal patata caliente en la renegociación de la elevada deuda de la compañía, que asciende a 263 millones de euros, con el préstamo de 112 millones concedido por la SEPI en 2021 como eje central.
Reunión Pradales-Sánchez
Precisamente, el Gobierno Vasco ha anunciado que el lehendakari llevará a su reunión de este viernes con Pedro Sánchez una propuesta para la reestructuración de la deuda de 150 millones con la SEPI que mantiene la compañía alavesa.
La semana pasada, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ya apuntó que el Ejecutivo vasco quería plantear una fórmula “imaginativa y novedosa” que permita renegociar la deuda con la SEPI y allanar así la eventual llegada de un inversor.
Tubos Reunidos, por su parte, insiste en que la aplicación de su plan de viabilidad le permitirá volver a un ebitda positivo a partir de 2027.
