Comité y dirección de la planta de Michelin en Vitoria vuelven a reunirse este martes para analizar las medidas planteadas por la empresa para hacer frente a la reducción de producción prevista para 2024, incluido prescindir de 150 trabajadores. Y lo hacen con la advertencia negro sobre blanco de ELA, ESK y LAB –que ostentan ocho de los 27 delegados del órgano de representación de la plantilla– de que estudiarán acciones “tanto judicial como sindicalmente” para paralizar lo que han calificado, en un comunicado conjunto, de “sinsentido” y “teatralización”.
ELA y LAB ya habían mostrado sus dudas sobre las causas alegadas por la empresa para justificar los ajustes y hoy, junto a ESK, ratificaron esta posición. Estos sindicatos acusan a la empresa de no haber entregado la documentación solicitada y, además, aseguran que con los cambios de sistema propuestos “muchas personas van a pasar a trabajar entre 164 y 237 horas más al año (entre 21 y 30 días), por lo que no cuadra una bajada de producción, sino que se quiere hacer el mismo trabajo con menos personas”.
El pasado 24 de noviembre, la empresa anunció al comité que la planta gasteiztarra afrontará el próximo año con la previsión de producción “más baja de los últimos 20 años”. Tras el goteo de ajustes de producción de los últimos meses, que según explicaron fuentes de la dirección de la factoría de Bibendum en Vitoria, ha acabado por llevar casi al límite el sistema de flexibilidad, la empresa comunicó su decisión de adoptar tres medidas de cara a 2024: prescindir de 150 de los en torno a 3.500 empleados de la planta –es la más grande de la multinacional gala en el Estado–, ajustar calendarios para unos 650 personas en fabricación y paralizar inversiones previstas para los próximos tres años por valor de 75 millones de euros.
Discrepancias sindicales
ELA, ESK y LAB acusan además a CCOO y UGT –Comisiones es el sindicato mayoritario del comité con seis delegados y UGT ostenta cuatro– de “responder a los intereses de la multinacional” y “ofrecerse para avalar esa supuesta necesidad de reducir plantilla”, aflorando nuevamente las discrepancias sindicales que ya se pusieron en evidencia durante la conflictiva negociación del convenio 2023-26 –antes del verano– y durante el más reciente proceso de decisión de salida del comité intercentros.
A las críticas de ELA, ESK y LAB también se ha sumado CGT –cuatro delegados–. En un comunicado este pasado fin de semana, CGT aseguró que “el recorte de asignación productiva” a la fábrica de Gasteiz “tiene mucho que ver con su política corporativa de deslocalización y redistribución productiva, en aras a fomentar la competitividad entre sus propias fábricas”.
Propuestas complementarias de CGT
CGT ha planteado además una serie de propuestas complementarias para “absorber el excedente de 150 personas”. Así, propone la extensión de la oferta de jubilaciones de la empresa mediante contrato relevo a quienes cumplan 61 años a partir del 1 de enero si el Gobierno decreta antes de fin de año una nueva moratoria sobre mantenimiento de las condiciones de aplicación de la jubilación parcial.
También, entre otras medidas, CGT plantea ampliar la oferta de bajas incentivadas, “equiparando la indemnización a la de un despido improcedente en las condiciones recogidas en la ley laboral”, extender la oferta de bajas incentivadas a los centros del grupo en Valladolid, Aranda de Duero y Almería “en función del número de solicitudes de movilidad geográfica que se produzcan en Vitoria” y ampliar el plazo para acogerse a bajas incentivadas y movilidad geográfica hasta el 31 de enero.
La oferta de la empresa
En la última reunión de dirección y comité para abordar esta cuestión, la factoría gasteiztarra presentó a la parte social un plan que hace una apuesta prioritaria por la movilidad funcional entre talleres de la propia planta gasteiztarra y de movilidad geográfica entre las fábricas de Michelin en España y Portugal que no se hayan visto perjudicadas en sus producción por la caída de la demanda.
Además, propuso extender el contrato relevo hasta los nacidos en 1962, con el mantenimiento de un 20% de la jornada laboral hasta la jubilación efectiva. Por último, puso sobre la mesa también la posibilidad de bajas incentivadas en las que ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 18 mensualidades o 75.000 euros.
Los trabajadores interesados en acogerse a los traslados voluntarios o a las bajas incentivadas deberán comunicarlo antes del 7 de enero.
La multinacional gala se comprometía también en esta oferta a no realizar despidos por causas productivas en los próximos seis meses. Al respecto, CGT consideró que el compromiso no ofrece “ninguna garantía” de que no vaya “a recurrir a más ajustes a corto-medio plazo”.
