El portavoz de la Representación de la Comisión Europea en el Estado español, Maciej Berestecki, ha asegurado que Bruselas no ha detectado "importantes" retrasos en el reparto por parte del Gobierno español de los fondos de recuperación Next Generation como para que la Comisión "tenga que intervenir" para acelerar o mejorar ese reparto.
El representante europeo en España ha hecho esta valoración durante un encuentro con los medios en Bilbao para informar sobre el impacto de las políticas de la Unión Europea en Euskadi.
Tal y como ha explicado, al tratarse de una gran cantidad de fondos, su gestión requiere "un esfuerzo administrativo enorme" por lo que, en principio, lo que han observado desde Bruselas son "algunos pequeños problemas en su distribución o la organizacion de las convocatorias, en el acceso a las mismas o entre empresas grandes y pequeñas por el volumen de fondos manejados" ha enumerado.
En todo caso, Maciej Berestecki ha reconocido que desde la Comisión no pueden "ver muy en detalle cómo se distribuyen esos fondos a cada proyecto concreto o comunidad autónoma en particular" sino que su función se limita a "evaluar el grado de cumplimiento de las reformas e inversiones que se fijan desde Europa para recibir las partidas solicitadas, así como con "los hitos y objetivos fijados".
A partir de ahí, ha remarcado que se evalúa y colabora desde la Comisión con cada país "de forma regular y casi cotidiana". "Tengo que decir que no vemos unos problemas grandes como para que la Comisión tenga que intervenir en el caso de España", ha reiterado; para añadir que los problemas detectados a nivel español, "se dan también en otros países miembros".
En este punto ha insistido en que la Comisión no interviene "oficialmente en los problemas de distribución a nivel regional" pero que, "si se detectan algunos problemas", se procede a hablar con los gobiernos para "ayudar o aconsejar", pero "no hay una vía oficial para intervenir salvo desde la evaluación del grado de cumplimiento de las reformas.
APROBACIÓN DEL TERCER PAGO
Preguntado por cuándo prevé que la UE apruebe el pago de los 6.000 millones que ha solicitado el Gobierno español en noviembre como tercer pago, Berestecki ha estimado que el visto bueno se tome "de forma más probable" en febrero, ya que está condicionada al cumplimiento de las 29 reformas que se han fijado como requisitos para contar con este tercer tramo de subvenciones.
En total, ha recordado, Bruselas ha abonado hasta la fecha a España 22.000 millones en dos tramos a lo largo de 2022 en subvenciones, no en forma de préstamos, una línea de financiación que ha confirmado que el Gobierno español no ha utilizado, aunque tiene de plazo hasta agosto de 2023 para recurrir a préstamos, no solo subvenciones.
En cuanto a ese tercer desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 6.000 millones de euros, el portavoz europeo ha explicado que, tras comprobar la aplicación de las 29 reformas, la distribución de esos fondos corresponde hacerla al Gobierno español, ya que es "su responsabilidad" y ha reiterado que "no vemos retrasos importantes en cuanto a la distribución hasta la fecha de los fondos ya aprobados entre el gobierno y las regiones o comunidades autónomas.
Preguntado en este punto por si, entre las 29 reformas fijadas por Bruselas para que el Estado español reciba ese tercer tramo, una de las exigencias incluidas sea la ampliación del periodo de cómputo de cotización para calcular las pensiones, Maciej Berestecki, ha dicho desconocer "qué aspecto de la reforma se está considerando para la evaluación de la solicitud y que, aunque hay algunos aspectos en ese terreno incluidos en las 29 reformas, que son públicas, desconoce "qué aspectos o si la reforma de las pensiones tendrá que ser completada al 100% para la aprobación de este siguiente paso". MODELO DE FIJACIÓN PRECIOS ENERGIA.
A requerimiento de los medios, el portavoz de prensa de la Comisión Europea en España ha confirmado que Bruselas va a cambiar el sistema de fijación de precios energético y abandonar el modelo marginalista.
En ese sentido ha confirmado que se está en estos momentos preparando la propuesta para esa reforma del mercado eléctrico pero ha dicho desconocer si se irá hacia el modelo propuesto por España, que ya ha pedido ampliar la excepción ibérica hasta 2024.
La propuesta final de Bruselas se trasladará al Parlamento Europeo y a los países miembros en este primer trimestre del año, por lo que, a finales de marzo, en uno o dos meses, se iniciarán las negociaciones para decidir qué sistema se adopta.
Tras reconocer que es difícil adelantar en este momento cuáles serán los cambios, ha dicho que se parte de una propuesta para determinar el pago por cada tipo de energía según su coste de generación, y que, en todo caso, cree que el modelo final, supondrá un cambio "considerable" respecto al sistema marginalista actual.
En su opinión, el sistema marginalista contaba con la ventaja de que los fondos destinados a los productores de energías renovables suponían una gran cantidad de ayuda para inversiones y avanzar en la extensión de las tecnologías renovables.
Por ello, si se abandona el sistema marginalista, entiende que se privará a esas empresas de esos fondos. Es por eso que entre los países miembros "hay diferentes intereses en Europa respecto a las grandes empresas energéticas y no todos están de acuerdo en cambiar este sistema, por lo que no se puede adelantar cuál será el modelo.
