- El Gobierno trabaja en una nueva ley que espera contentar a Bruselas mediante la reducción del gasto en Seguridad Social, lo que implicaría bajar las pensiones un 5,5%. Esa sería la consecuencia que implicaría aumentar de 25 a 35 los años previos a la jubilación que a partir de la reforma se utilizarían para calcular las nuevas pensiones, tal y como pretende el PSOE, a pesar de la oposición de su socio Podemos.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, confirmó ayer que el Ejecutivo baraja una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pero con exclusión de los años más negativos de cotización, como una de las distintas alternativas a explorar a partir del acuerdo del Pacto de Toledo.

"Tenemos que explorar todas las alternativas", indicó Calviño, que aclaró que una medida de esta naturaleza respondería más bien a los cambios en las propias vidas laborales de los trabajadores y a la tendencia que existe a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión. "Me consta que el ministro Escrivá ha planteado que los trabajadores puedan excluir los años más negativos de sus cotizaciones", apuntó.

Preguntada por el rechazo que genera la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones entre Podemos y los sindicatos, la ministra, en declaraciones a La Sexta, subrayó que se buscará el máximo consenso social y político a la hora de reformar las pensiones, pero insistió en que tienen que explorarse distintas alternativas.

Calviño afirmó además que el propio Pacto de Toledo, aunque no especifica que deba aumentarse el periodo de cálculo de las pensiones en un número concreto de años, sí aboga por "valorar y explorar" las reformas que están en marcha.

Una de esas reformas, precisamente, tiene que ver con el periodo de cálculo de la pensión, cuyo aumento está siendo progresivo. Este año se toman en cuenta los últimos 23 de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años.

La alternativa que baraja el Gobierno de ampliar de 25 a 35 años los años cotizados para calcular la pensión arrancaría, por tanto, a partir de 2023 siempre y cuando esa medida formara parte de la futura reforma de pensiones.

Dicha ampliación tendría efectos sobre la cuantía de la pensión, generalmente negativas, pero Calviño indicó que se propone excluir del cómputo aquellos años que sean más negativos para el trabajador.

En todo caso, la ministra pidió "tranquilidad" porque el Gobierno tiene un compromiso firme con la revalorización de las pensiones y con la sostenibilidad a futuro del sistema, según asegura. "Vamos a abordar las reformas buscando el máximo consenso social y político", insistió.

Por su parte, la secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, subrayó que el Gobierno "no está barajando medidas que supongan un recorte de las pensiones", que el núcleo de la reforma es garantizar el poder adquisitivo de las mismas y que cualquier medida pasará por el diálogo social.

Arroyo señaló que el objetivo es lograr el equilibrio financiero de la Seguridad Social "en el corto plazo y su sostenibilidad a largo plazo", y que las medidas que se planteen serán "en términos de equidad y eficiencia" dentro del diseño actual.

"No estamos hablando de una reforma que suponga recortes para los pensionistas, sino, al contrario, de garantizar el poder adquisitivo de sus pensiones. Por otra parte, hay cuestiones que, sin incrementar el gasto, suponen mejorar la eficiencia y la equidad del sistema", expuso Arroyo. Entre ellas, añadió, estaría el planteamiento de retrasar la edad efectiva de jubilación o "buscar soluciones a la existencia de carreras de cotización irregulares".

En este punto, se podría enmarcar ese aumento de los años de cotización que se tienen en cuenta para calcular la pensión y que, según defendió Arroyo, "en primer lugar, habrá que dialogar con los agentes sociales". "Se basaría en un análisis de los datos y las carreras laborales de los trabajadores", añadió.

Se prevé una inflación del 0,9% en 2021. El Gobierno prevé ajustar las pensiones a la subida del IPC. Actualmente, los cobros tras la jubilación no contemplan el encarecimiento de los bienes y servicios básicos, por lo que, en definitiva, la pensión es cada vez menor siempre que esta se mantenga congelada y haya inflación. Sin ir más lejos, en 2021 se espera que el IPC suba un 0,9%, por lo que si las cotizaciones se mantuvieran como están fijadas a día de hoy, estarían casi un punto por debajo que las de 2020.Al incremento propio de la revalorización hay que añadir el hecho de que cada vez hay más pensionistas con mejores carreras de cotización.