gasteiz - Más de 3.700 millones de euros anuales -2.000 millones relativos a impuestos generales gestionados por Euskadi y unos 320 por el Estado- restados a la recaudación de las arcas forales entre 2011 y 2014 a consecuencia de la economía sumergida fue una de las conclusiones del estudio del Informe sobre Economía Sumergida y Frande Fiscal en Euskadi presentado hace unas semanas por los catedráticos del Instituto de Economía Pública de la UPV-EHU Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegui. Unos datos llamativos especialmente tras años de dura crisis económica y de dificultades financieras en las instituciones sobre los que ayer dieron cuenta los autores de este trabajo en la Comisión de Hacienda del Parlamento Vasco, a petición del PSE-EE.

Y estos expertos dejaron sobre la mesa los ámbitos en los que, a su juicio, existe aún mucho margen de mejora para evitar esa pérdida recaudatoria. Así, se dirigieron a las instituciones y, concretamente, a las diputaciones que son en el caso vasco las encargadas de gestionar las Haciendas y la recaudación de impuestos para reclamar una “metodología común” en la lucha contra el fraude fiscal e incrementar los recursos e inspectores que se dedican a ello, así como avanzar en “cerrar vías de elusión” porque la última reforma, sostuvieron, “sigue siendo un coladero”.

Gallastegui indicó que la estimación contemplada en este trabajo es “inferior a los niveles reales de fraude”, ya que en el informe no se ha contabilizado el dinero no declarado mediante fórmulas como las “deslocalizaciones ficticias” de empresas, la “ingeniería fiscal” o la disposición de “rentas en el exterior”.

Dado que las haciendas vascas pierden 2.000 millones anuales, invertir en la luchar contra el fraude supondría un “beneficio inmenso” y “se pagaría con creces”, incluso aunque se destinaran 500 millones a este fin, dijo Fernández-Macho. El más crítico con la labor inspectora de las diputaciones fue Zubiri, quien sin cuestionar su “buena voluntad”, denunció la falta de transparencia sobre sus métodos para luchar contra el fraude y sobre los resultados obtenidos, al tiempo que criticó que no haya “una metodología común” y que cada Diputación calcule a su manera el dinero aflorado. “Los inspectores por 10.000 habitantes en el Estado son la mitad que en Alemania. ¿Cuántos hay en Euskadi? No tengo ni idea. Creo que el tercer secreto de Fátima está menos guardado que algunas cosas relacionadas con las inspecciones”, ironizó.

El catedrático cuestionó la efectividad de la lucha contra el fraude y advirtió de que “si se percibe que la probabilidad de que te detecten es baja”, que se puede “llegar a acuerdos fáciles” en caso de ser descubierto y que “si todo va mal, a lo Mario Conde, puedes esconder el dinero, lo razonable es defraudar”. Por ello pidió que “se trasmita a la sociedad” que la lucha contra el fraude “va en serio”, para lo cual ha reclamado más recursos e inspectores, “medidas disuasorias” y perseguir las “responsabilidades solidarias” porque “nadie defrauda solo” y por tanto hay que vigilar a asesores fiscales y gestores bancarios.

Además de calcular el fraude fiscal, este informe recomienda crear un observatorio independiente que lo vigile y luche contra él. - DNA/Efe/E.P.