La plantilla del fabricante vasco de tubos de acero Tubos Reunidos se encuentra en una delicada situación. La caída de los pedidos ha llevado a la compañía a cerrar 2025 con pérdidas de 71 millones de euros y a plantear un recorte de 301 trabajadores. Tras presentar los resultados del ejercicio, la dirección comunicó al comité de empresa su intención de poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) para ajustar la plantilla.
En este tenso contexto, durante la mañana de este viernes se ha desarrollado una reunión en la sede del Gobierno Vasco entre los comités de Tubos Reunidos con Gobierno Vasco y diputaciones. Entre las 9.00 y las 11.00 horas, la plantilla se ha concentrado frente a la sede y también se ha llevado a cabo un paro de 24 horas en la planta de Amurrio.
Por parte de las instituciones han asistido a la reunión el viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zarate, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez.
Reestructuración de deuda
Una reunión en la que el Gobierno Vasco, tal y como ha anunciado a través de un comunicado oficial, ha mostrado su disposición a aceptar una reestructuración de los 16 millones de euros de deuda con la compañía, pero “siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional”. No obstante, remarcan que “con el nivel de deuda actual es muy improbable encontrar inversores privados” dispuestos a apostar por Tubos Reunidos.
Los representantes de las instituciones “han trasladado su postura firme en defensa del empleo industrial en Euskadi” y han manifestado que “el proceso de consulta y negociación entre empresa y comité debe llevar a minimizar el impacto social de este ERE”
En un comunicado, el Departamento de Industria ha recalcado su intención de “acompañar a inversores privados que garanticen un proyecto industrial sólido de futuro” para Tubos Reunidos, “siguiendo el modelo de colaboración público-privada que el Gobierno Vasco ha desarrollado en otros proyectos industriales viables en Euskadi”.
En este sentido, los representantes de las instituciones “han trasladado su postura firme en defensa del empleo industrial en Euskadi” y han manifestado que “el proceso de consulta y negociación entre empresa y comité debe llevar a minimizar el impacto social de este ERE”. Asimismo, han expresado su disposición a apoyar un “proyecto industrial sólido de futuro” para Tubos Reunidos, cuyo plan de viabilidad “depende de que la empresa pueda reestructurar su creciente deuda”. A este respecto, las instituciones mantienen un “contacto directo” con la dirección de Tubos Reunidos para analizar su plan de viabilidad.
El Departamento de Industria ha subrayado que durante el día del jueves, jornada anterior a la reunión, “hubo conversaciones” entre el propio Departamento y el ministerio de Industria para explorar la “reestructuración de toda la deuda, incluida la de la SEPI”. Una deuda que alcanza los 112 millones de euros tras recibir un préstamo participativo de la Sociedad Española de Participaciones Industriales en el año 2021 tras el fuerte parón derivado de la pandemia. “Agradecemos la buena disposición del gobierno español para encontrar una solución al problema de la deuda y hacer así viable a Tubos Reunidos”, ha indicado el Gobierno Vasco.
Desde la Diputación Foral de Álava se ha trasladado que estará dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución, así como a acompañar en un proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la empresa.
El diputado general, Ramiro González, ha anunciado en relación con la situación de la empresa Tubos Reunidos que la Diputación Foral “está dispuesta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa tenga con la institución”. Asimismo, ha manifestado la disposición “de la Diputación Foral ha de acompañar en un proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la empresa”, y ha remarcado que “nos vamos a implicar hasta el fondo para lograr la continuidad de Tubos Reunidos”.
Por ello, ha subrayado que “es el momento de apoyar a las empresas, de garantizar su futuro y de acompañarlas en su transformación. Nuestras empresas nos necesitan. Hay que fortalecer nuestra industria, porque es la clave para asegurar un futuro próspero”.
LAB critica a las instituciones
LAB ha sido el primer sindicato en compartir sus sensaciones tras la reunión del viernes. A través de un comunicado, han declarado que durante el encuentro trasladaron preguntas “muy concretas” a las instituciones sobre su papel y su nivel de exigencia hacia la empresa. “Se le ha preguntado insistentemente al viceconsejero de industria si la viabilidad de la empresa pasa por el ERE, a lo que su respuesta ha sido que pasa por reestructurar de la deuda. También se la interpelado si entiende que puede ser viable el proyecto industrial sin la acería, a lo que tampoco ha habido respuesta. Por parte de la consejería de Empleo, sí se ha opuesto a la destrucción de empleo, y se han prestado a tratar de buscar alternativas al ERE”, han asegurado.
Ramiro González anuncia que la Diputación Foral de Álava “se va a implicar hasta el fondo” en la continuidad de la empresa
Desde LAB, además, temen que el papel del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava “vuelva a ser el mismo que ya hemos visto en otros conflictos industriales recientes como Glavista, Guardian o Maderas Llodio: mirar hacia otro lado, apelar a la responsabilidad de las personas trabajadoras para que acepten cierres y despidos, y situarse en la práctica del lado de direcciones empresariales que son las principales responsables de la situación actual”.
Así las cosas, Instituciones y Comité de empresa se han emplazado a continuar manteniendo reuniones con el objetivo de compartir la evolución de las acciones que se vayan produciendo tras el anuncio de la empresa.
Por su parte, el senador del PNV Luke Uribe-Etxebarria preguntará el próximo martes al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, sobre qué tipo de medidas de colaboración efectiva tiene intención de adoptar el Gobierno español para permitir a la empresa Tubos Reunidos superar su crisis. En la sesión de control al Gobierno, el senador solicitará al ejecutivo central una colaboración activa de cara a solventar esta situación de crisis que afecta directamente a Aiaraldea y Trapagaran.
La deuda de Tubos Reunidos, grupo que tiene 130 años de historia, asciende a 263 millones de euros. La fabricante de tubos de acero registró además unas pérdidas brutas de explotación de 22,8 millones de euros el año pasado, a pesar de que los ingresos ascendieron a 365,7 millones, un 13 % más que en el ejercicio anterior.
En principio, el ERE se aplicará en dos de sus cuatro centros de producción, la vizcaína de Trápaga y la alavesa de Amurrio, en los que trabajan unas 1.300 personas, con lo que el recorte equivaldrá a cerca de una cuarta parte de la plantilla. La compañía sostiene que la única forma de conseguir la viabilidad pasa por un ajuste laboral como el planteado y una reestructuración de su deuda, en la que destaca como acreedor la SEPI, pese a que esta medida ha sido duramente criticada y rechazada por los sindicatos y la plantilla.
